Madrid, 30 mar (.).- El Gobierno ha ampliado la posibilidad de revisar los precios de los contratos para la construcción de obras públicas, por el encarecimiento de los materiales, a los que se encuentren en cualquier fase del proceso de contratación y a aquellos cuya licitación se produzca en el próximo año.
La ampliación de las medidas de revisión de precios que ya adoptó el Gobierno para algunos casos el pasado 1 de marzo están recogidas en el real decreto-ley de ayudas contra el impacto de la guerra de Ucrania aprobado este martes por el Consejo de Ministros y publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Además, establece un periodo máximo de dos años como periodo de referencia para realizar el cálculo del reconocimiento del impacto directo y relevante del incremento de coste de los materiales en la economía del contrato y permite que se puedan determinar otros materiales.
En un comunicado, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) indica que también se adaptan los criterios de cálculo a las circunstancias de los nuevos contratos incluidos en el ámbito de aplicación, de modo que se aplicará la revisión excepcional de precios desde el 1 de enero de 2021 o desde la primera certificación, si ésta fuera posterior.
Adicionalmente, se determina que la fecha para definir los índices de precios representados en las fórmulas de revisión será la fecha de formalización del contrato, siempre que la formalización se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de presentación de ofertas o respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la formalización se produce con posterioridad.
Por último, se amplía el ámbito temporal en el que el contratista puede presentar la revisión excepcional hasta que el órgano de contratación apruebe la certificación final de obras.
De la revisión de precios de las obras que se van a licitar el próximo año quedan excluidas las entidades del sector público que operen en sectores regulados, cuyo régimen de inversiones se hubiera cerrado en los últimos nueve meses.
El objetivo de las nuevas medidas -reclamadas por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan)- es evitar la paralización de las obras públicas en marcha, muchas de ellas financiadas mediante los fondos del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia y sujetas, por tanto, a unos estrictos plazos de ejecución.
El conflicto bélico en Ucrania ha agravado el problema del alza del precio de los materiales de construcción que se inició en 2020 y se agudizó en 2021.
El Consejo de Ministros ya aprobó el pasado 1 de marzo un real decreto-ley que permitirá una revisión excepcional de precios de los contratos firmados antes de 2021.