Ciudad de Guatemala, 6 ene (EFE).- El Gobierno de Guatemala restauró este jueves el permiso de funcionamiento para la mina Fénix, propiedad de una firma suiza, que tenía prohibido operar desde 2019 por decisión del máximo tribunal del país, la Corte de Constitucionalidad.
El Ministerio de Energía y Minas guatemalteco informó en un comunicado de prensa sobre la resolución, que permite volver a funcionar a la mina propiedad de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), subsidiaria de la firma suiza Solway Investment Group.
La mina tenía prohibido operar desde 2019 por orden de la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, ante la falta de una consulta popular con comunidades aledañas para determinar si aprobaban su funcionamiento.
La compañía de capital suizo se encuentran en el municipio de El Estor, en el departamento de Izabal, unos 250 kilómetros al noreste de la Ciudad de Guatemala.
El Ministerio de Energía y Minas indicó que la consulta popular se realizó en diciembre pasado con "el pueblo indígena maya q'eqchí", de acuerdo a palabras del director de la cartera, Alberto Pimentel Mata.
Según el ministro, en cuanto al empresa minera sea "notificada" de la resolución "estará rehabilitada" para "reiniciar la explotación" de níquel.
La mina cuenta con un permiso de operaciones en un polígono de 6,29 kilómetros cuadrados en El Estor, en el departamento de Izabal, el único de los 22 que componen Guatemala con salida al océano Atlántico.
El Gobierno que preside Alejandro Giammattei indicó que está "muy satisfecho con la realización de la consulta" popular en El Estor.
DUDAS SOBRE LA CONSULTA
Sin embargo, diversas entidades han manifestado sus dudas con respecto a la consulta popular realizada para determinar si se permite el funcionamiento de la mina.
El abogado Kelvin González, en representación del parlamento xinca, de carácter indígena, indicó el 12 de diciembre pasado que desconocen "totalmente" la supuesta consulta popular, realizada con "seudorepresentantes de comunidades indígenas".
De igual forma, el jurista calificó dicha consulta popular como una "burla", en declaraciones ese mismo 12 de diciembre durante una conferencia de prensa.
Según el medio Prensa Comunitaria, al menos 94 representantes indígenas del pueblo que q'eqchí "fueron excluidos" de la consulta popular, anunciada por el Gobierno como finalizada el 10 de diciembre.
El Estor se mantuvo bajo un estado de sitio desde el 24 de octubre al 22 de noviembre y posteriormente pasó a un estado de prevención del 23 de noviembre al 7 de diciembre, por lo que la consulta se realizó sin libertades, denunciaron algunos sectores.
Los estados de sitio y de prevención fueron ordenados por Giammattei debido a violentos enfrentamientos entre pobladores locales que se oponen a la mina y las fuerzas de seguridad.