Lima, 27 oct (EFE).- El gobierno del presidente peruano, Pedro Castillo, ha pedido al Congreso facultades extraordinarias para legislar en materia tributaria que permita el incremento de la recaudación fiscal y financiera para acelerar el cierre de las brechas sociales.
El proyecto de ley enviado al Parlamento pide facultades legislativas, por 120 días, para modificar la ley del impuesto a la renta, uniformizar el coste por el acceso a la estabilidad jurídica y crear el régimen simplificado del impuesto a la renta para empresas de menor tamaño.
Asimismo, plantea modificar la ley del Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto Selectivo al Consumo, y la ley para la lucha contra la evasión y la formalización, informó la presidencia de la República.
Igualmente, modificar las leyes sobre ganancia minera, el impuesto especial a la minería y la que establece el gravamen especial a la minería con el fin de actualizar el monto referido a los beneficios de esta actividad extractiva y los pagados por ganancias, impuestos y gravámenes.
Con respecto a las materias financieras, el Ejecutivo planteará fortalecer y ampliar las funciones del Banco de la Nación, fomentar una mayor competencia en la prestación de transportes y custodia de dinero y valores, y adecuar la normativa aplicable a las empresas del sistema financiero sobre la composición del patrimonio efectivo.
También incrementar el tope de multas impuestas por la Superintendencia de Banca y Seguros, y fomentar una mayor competencia de las entidades bajo su supervisión.
Sobre la reactivación económica, tras la crisis generada por la pandemia de covid-19, el gobierno de Castillo busca promover la inversión privada facilitando la tramitación de procedimientos a cargo de entidades del Estado.
Además, pretende modificar el marco legal del mecanismo obras por impuestos y mejorar los criterios y reglas aplicables a las modalidades de Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos.
El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, dijo que la prioridad del Ejecutivo es "cómo cobramos las deudas a las grandes empresas y cómo hacemos una reforma tributaria que permita, con justicia social y tributaria, recuperar y obtener mayores ingresos para el Estado, de tal manera que podamos brindar un financiamiento sostenible a todos los temas de inclusión y protección social".
Francke confió en que el Congreso otorgue las facultades y que la reforma tributaria "nos permita dar un gran salto en nuestro gasto social, en educación, en salud, en protección, por citar a las grandes categorías desde el punto de vista de las políticas sociales".