Madrid, 15 jun (.).- El Gobierno presentará oficialmente el primer espacio de pruebas del reglamento europeo de inteligencia artificial (IA) el próximo 27 de junio en un acto en Bruselas, según ha confirmado este miércoles la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas.
En un acto organizado por el Instituto de Estudios Económicos en Madrid, Artigas ha confirmado que será el próximo 27 de junio cuando ella misma presente junto al comisario de Mercado Interior y Servicios, Thierry Breton, en Bruselas el proyecto, por el que España se va a convertir en el país que probará el reglamento antes de que entre en vigor.
No obstante, fuentes del Ministerio de Economía han confirmado a Efe que los trabajos en este sentido no comenzarán previsiblemente hasta el próximo octubre.
"Vamos a crear el primer espacio de pruebas de la inteligencia artificial en la UE y lo vamos a hacer nosotros porque nos hemos postulado nosotros para asegurar que cuando se aplique hayamos hecho los deberes", ha explicado Artigas durante su intervención.
La secretaria de Estado ha destacado, además, que el proyecto piloto medirá variables como cuánto va a costar aplicar el reglamento, qué significa auditar un algoritmo, qué datos hay que pedir a las empresas para ello o qué pruebas hay que hacer.
"Tenemos dos años por delante, porque si no lo hacemos bien, cuando llegue el 1 de enero de 2024 no vamos a poder aplicar la ley, y entonces pediremos todos una moratoria", ha afirmado Artigas, quien ha confirmado que quieren desarrollar el proyecto "juntando no solo a los legisladores, sino también a las empresas".
El proyecto del reglamento fue presentado por la Comisión Europea (CE) en abril del año pasado para fomentar el desarrollo y la adopción en el mercado único de la IA segura y legal que respete los derechos fundamentales.
La propuesta establece un marco jurídico uniforme y horizontal para la IA, de manera que se garantice que los sistemas de esta tecnología comercializados en la UE, incluso por proveedores de terceros países, sean seguros y respeten los valores de la UE y la legislación vigente sobre derechos fundamentales.
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