El Gobierno luso analiza el veto del Constitucional al recorte de pensiones

Lisboa, 20 dic (EFE).- El Gobierno portugués analiza la sentencia del veto del Tribunal Constitucional al recorte de pensiones en el sistema de funcionarios públicos, que requerirá medidas alternativas para compensar los 400 millones de euros de ahorro invalidados.

El Ejecutivo conservador luso afirmó que analiza "minuciosamente" la decisión judicial y el primer ministro portugués, Pedro Passos Coelho, se pronunciará hoy en Bruselas sobre la sentencia tras la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE), informaron fuentes de su gabinete.

Además, publicó en su página web la documentación enviada al Tribunal para justificar la legislación ilegalizada que planeaba un recorte del 10 % a partir del próximo año en las pensiones de más de 600 euros de funcionarios públicos.

La norma formaba parte de los ajustes de reducción del gasto público planeados para rebajar el déficit público hasta el 4 % en 2014, en cumplimiento con los acuerdos del programa del rescate concedido a Portugal por la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El fallo anunciado el jueves fue decidido por unanimidad y en respuesta al pedido de fiscalización del presidente de la República, Aníbal Cavaco Silva, del mismo partido que Passos Coelho y que ha enviado varias leyes de recortes de gran calado, como los anteriores presupuestos generales.

El tribunal rechazó los argumentos de interés público defendidos en la ley por el Gobierno, que considera justificados los recortes como una medida de garantía para la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones públicas.

Además, el Ejecutivo sostiene la reforma rechazada como un instrumento para hacer "converger" el valor medio de las pensiones, ya que el del sistema público es superior al de la Seguridad Social, en el que se incluyen los salarios de jubilados del sector privado.

La Función Pública en Portugal se rige por un sistema de pensiones, conocido como la Caja General de Jubilaciones y diferenciado de la Seguridad Social, y engloba a alrededor de medio millón de los 2,5 millones de pensionistas del país.

Los jueces consideraron, sin embargo, que la norma no justificaba ese interés público, ya que no está por encima del "sacrificio de derechos adquiridos" y las "legítimas expectativas" de los pensionistas públicos.

El tribunal argumenta que para justificar el interés público en una eventual reforma las pensiones debería haberse considerado "un contexto global de los dos regímenes de protección social".

En ese sentido, concluye que "los criterios de revisión" deben aplicarse en un "plano de igualdad" entre los dos sistemas de pensiones.

La oposición de izquierdas y los sindicatos celebraron el revés judicial como una "victoria" de su lucha contra las medidas de austeridad del Gobierno conservador.

El líder del Partido Socialista (PS), António José Seguro, consideró el dictamen como una "derrota" para el Gobierno que le resta "fuertemente" su "ya poca" credibilidad y un "duro golpe" al presupuesto de Estado para el próximo año, que ahora debe ser rectificado.

La sentencia es la quinta norma invalidada este año por el Alto Tribunal, aunque la de mayor repercusión se produjo en abril cuando se rechazaron recortes en salarios y pensiones con un valor de 1.300 millones de euros. EFE