El Gobierno luso se enreda en un escándalo por uso de derivados financieros

Oscar Tomasi

Lisboa, 11 ago (EFE).- La contratación de productos financieros de alto riesgo por parte de empresas públicas lusas durante la década pasada ha generado revuelo en Portugal, cuyo Gobierno sigue enmarañado por la relación de varios de sus miembros con el caso.

Con la dimisión esta misma semana del responsable de la gestión del Tesoro luso, ya son tres los secretarios de Estado que han dimitido debido a su implicación, e incluso la actual ministra de Finanzas, Maria Luís Albuquerque, continúa en el disparadero por el mismo motivo.

A pesar de que la firma de esos contratos se remonta a la década anterior y que fue el propio Ejecutivo conservador del primer ministro Pedro Passos Coelho el que sacó a la luz estas operaciones, su gabinete se ha visto afectado de lleno por la polémica.

La trayectoria profesional de algunos de sus miembros como gestores financieros -ya fuese en compañías del sector público o entidades bancarias- antes de formar parte del Gobierno les jugó una mala pasada y acabó costándoles el puesto.

El último en "caer" fue Joaquim Pais Jorge, quien esta misma semana presentó su dimisión -apenas un mes después de haber tomado posesión como Secretario de Estado del Tesoro- debido a la intensa presión mediática a la que se vio sometido.

El de Pais Jorge es un ejemplo paradigmático de la envergadura que ha ido adquiriendo este escándalo de los 'swap', que, pese a tratarse de un asunto muy técnico ajeno al lenguaje de la mayoría, no deja de estar presente en el debate público en Portugal desde que fuera divulgado, el pasado abril.

El ya ex secretario de Estado del Tesoro trabajaba como directivo en Citigroup en 2005, cuando la entidad financiera presentó al entonces Gobierno socialista una propuesta con varios productos financieros de alto riesgo.

La operación ni siquiera se llegó a concretar -un organismo oficial emitió un informe contrario a esta proposición, en la que se recordaba que algunos de estos instrumentos podían ayudar a maquillar las cifras de déficit- y el propio Pais Jorge negó haber participado directamente en las negociaciones con el Gobierno.

Aun así, el antiguo gestor acabó por dimitir de su cargo por la presión de la opinión pública lusa, muy sensible a sospechas de irregularidades en las cuentas, especialmente desde que Portugal pidiese en el 2011 un rescate para no entrar en bancarrota.

De esta forma, Pais Jorge siguió los pasos que ya recorrieron a finales de abril otros dos secretarios de Estado: Juvenal Silva Peneda y Paulo Braga Lino, que abandonaron sus puestos por su relación en la contratación de productos financieros especulativos cuando eran administradores del Metro de Oporto.

En similar situación se encontraba la hoy titular de Finanzas, Maria Luís Albuquerque, quien era directiva de la empresa que controla la red ferroviaria lusa (Refer) en el momento en que ésta decidió firmar varios contratos de gestión de riesgo financiero (más conocidos como 'swap').

La ministra se ha visto obligada a comparecer varias veces -la última durante más de cuatro horas, hasta bien entrada la noche- ante una comisión parlamentaria de investigación sobre el caso para dar detalles sobre estas operaciones y defender su trabajo en la citada empresa pública.

Los llamados contratos "swap" se utilizan habitualmente para proteger a la firma que ha solicitado un crédito a un tipo de interés variable de una posible subida del Euribor.

En la práctica, permiten sustituir ese tipo variable por una penalización fija en caso de que el Euribor suba por encima de una determinada tasa, lo que permite a la compañía saber con mayor exactitud sus costes de financiación y en ocasiones ahorrar dinero.

Este producto, considerado especulativo por algunos analistas y expertos, puede generar elevadas pérdidas si la premisa inicial se incumple, es decir, si el Euribor baja en vez de subir, como así ocurrió.

Algunas de las empresas públicas lusas que apostaron por esta clase de operaciones suscribieron contratos complejos en los que la penalización dependía de la evolución del precio del petróleo o la cotización del dólar, lo que disparó su perjuicio económico. EFE