Madrid, 7 sep (.).- La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha anunciado este martes la intención del Gobierno de presentar de manera "inminente" un nuevo paquete de medidas que amortigüen la subida del precio de la luz en el mercado mayorista, registrada en los últimos meses.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la también ministra de Política Territorial ha recordado que el Ejecutivo trabaja ya para cumplir con el compromiso expresado el pasado fin de semana por el presidente, Pedro Sánchez, para que la factura eléctrica a finales de este año sea similar a la de 2018.
Así, Rodríguez ha explicado que la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, presentará en los próximos días de manera "inminente" distintas medidas que se están estudiando desde el punto de vista técnico, y cuyo resultado será "amortiguar el coste de la factura eléctrica en los recibos de nuestros hogares".
El precio de la luz en el mercado mayorista, que se negocia con un día de antelación, se ha situado para mañana en 135,65 euros el megavatio hora (MWh), un 6,5 % más que el precio registrado hoy martes, triplicando así el importe que se pagaba hace un año.
Con estos precios, la organización de consumidores Facua ha denunciado que, de mantenerse durante todo septiembre los precios registrados en la primera semana del mes, la factura eléctrica alcanzará los 105 euros, doce más que en agosto, cuando se contabilizó la más cara de la historia.
En este contexto de precios elevados, el Partido Popular (PP) ha registrado este martes en el Congreso de los Diputados una proposición de ley que permitiría, según los cálculos de los populares, abaratar el recibo de los consumidores en un 20 %, lo que supone un ahorro de unos 9.000 millones al año.
Entre las medidas propuestas por el PP se encuentran la retirada definitiva del impuesto a la generación eléctrica (7 %), que actualmente se encuentra suspendido, y la rebaja permanente del IVA del 21 al 10 % en la factura eléctrica.
Además, piden destinar hasta 2.000 millones de los obtenidos en las subastas de los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2) a amortiguar los altos precios del mercado mayorista y traspasar a los Presupuestos Generales del Estado la financiación de los costes no energéticos (casi 3.400 millones).