Madrid, 27 ene (.).- El Gobierno seguirá adelante con la tramitación del anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, a pesar del informe crítico que ha aprobado este jueves el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Aunque el informe supone un varapalo para una de las leyes estrella del Ejecutivo de coalición, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha confirmado que el próximo martes, 1 de febrero, el Consejo de Ministros aprobará el anteproyecto en segunda vuelta y lo enviará al Congreso para su tramitación parlamentaria.
En declaraciones a Efe, Raquel Sánchez ha asegurado que en el informe del poder judicial "no se observan comentarios que hagan dudar de la validez y solvencia jurídica que siempre hemos defendido de este anteproyecto".
"Analizaremos el informe, pero habrá ley de vivienda, y quiero transmitir un mensaje de tranquilidad y firmeza: la llevaremos a la aprobación del Consejo de Ministros el próximo martes", ha afirmado la ministra, tras recalcar su seguridad de que "la ley respeta las competencias de las comunidades autónomas, salvaguarda y protege el derecho a la vivienda y es compatible con el derecho a la propiedad".
Sánchez ha equiparado la ley de vivienda con la del aborto, la de la eutanasia y la del matrimonio igualitario, y ha argumentado que los avances sociales en España "siempre han sido gracias a los gobiernos socialistas, mientras que la derecha siempre ha reaccionado en contra, aunque luego se ha sumado a los avances".
En esa línea, la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Unidas Podemos, Ione Belarra, ha recordado el "mandato caducado desde hace tres años" del CGPJ y ha escrito en su cuenta de Twitter (NYSE:TWTR) que, aunque ahora este órgano "se opone a la primera ley de vivienda de la democracia, que busca frenar la especulación y proteger el derecho a la vivienda que recoge la Constitución, ocurrirá como con el matrimonio igualitario, acabarán dándonos la razón".
Por quince votos a seis, y tras un debate de más de dos horas, el pleno del poder judicial ha apoyado un informe que critica con dureza el anteproyecto del Gobierno y que advierte de los problemas de orden constitucional que cree que podría acarrear, entre ellos conflictos competenciales.
El informe, que es preceptivo pero no vinculante, ha sido redactado por los vocales José Antonio Ballestero, propuesto por el PNV, y Enrique Lucas, por el PP, después que el órgano de gobierno de los jueces rechazara el pasado día 14 una propuesta que avalaba el texto presentada por el exdiputado del PSOE Álvaro Cuesta.
A favor del texto han votado el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y los vocales Roser Bach, José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona, Victoria Cinto, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Rafael Fernández Valverde, Vicente Guilarte, Enrique Lucas, Carmen Llombart, José María Macías, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán y Wenceslao Olea.
Se han opuesto los vocales Mar Cabrejas, Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda, y los cinco últimos han anunciado la formulación de un voto particular.
A lo largo de sus 60 páginas, el texto aprobado se refiere al anteproyecto con calificativos como "sobrecargado", "contradictorio", "farragoso", "incongruente", "nocivo", "innecesario" e "inoportuno", y señala que sus directrices generales están "imbuidas de un claro dirigismo de la actuación de las instituciones autonómicas y locales, de problemático encaje en el orden constitucional de competencias".
En ese aspecto recalca que la vivienda es una competencia de titularidad autonómica y considera que el legislador estatal perpetra con esta ley una "expropiación" regulatoria.
Observa también que apunta a "una alteración del entendimiento de la propiedad privada de la vivienda", que interfiere en el libre mercado y que pretende "fosilizar" el concepto de función social de la propiedad.
Sobre las medidas de contención de precios en la regulación de los contratos de arrendamiento de vivienda, afirma que "siendo un tema constitucionalmente sensible, tiene un alcance limitado y un farragoso contenido", así como que "su complejidad reglamentista pudiera propiciar no pocos procedimientos judiciales".
Sostiene además que la carga patrimonial de las políticas estatales de vivienda se afronta "a costa de los arrendadores privados no suficientemente compensados con los incentivos fiscales" previstos y avisa del "posible conflicto competencial desde el momento en que, por ejemplo, rige en Cataluña la Ley medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda, cuyas medidas no son coincidentes con las contenidas en el anteproyecto".