Madrid, 11 jun (.).- El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha rechazado la declaración como testigo de la directora de los servicios jurídicos del BBVA (MC:BBVA), María Jesús Arribas, en el marco de la causa que investiga los encargos de la entidad al excomisario José Villarejo.
En un auto, al que ha tenido acceso Efe, el magistrado desestima la petición del que fuera director de Riesgos del banco, posteriormente presidente de Distrito Castellana Norte (DCN), Antonio Béjar, investigado en este caso, al considerar que resulta "innecesaria" ya que "nada aporta".
"Convertir la instrucción en una suerte de juicio anticipado (..) supone desnaturalizar la finalidad de esta fase", subraya García Castellón.
El titular del juzgado también difiere de la Fiscalía Anticorrupción, que en su informe se mostraba favorable a la comparecencia de la directiva y defendía que ésta no podía acogerse al secreto profesional y al privilegio de confidencialidad entre el abogado y el cliente, a diferencia de lo sostenido por el banco.
Asimismo, el Ministerio Público entendía la necesidad de que Arribas explicara cómo es que no estaba al tanto de la contratación de Cenyt (empresa de Villarejo), sobre la cual hay facturas autorizadas, máxime cuando dichas contrataciones "habrían requerido del uso de modelos aprobados por los servicios jurídicos, y ello no fue así, salvo en la última contratación".
En la causa, añade el documento, "hay multitud de indicios que apuntan a que responsables de los servicios jurídicos, pese a no intervenir en la contratación, sí que trabajaron con datos provenientes de los trabajos de Cenyt".
Contra este criterio se pronuncia el juez, que recuerda que la fase de instrucción "debe encaminarse a practicar 'sin demora' sólo aquellas diligencias esenciales".
Por este mismo motivo, se opone a la testifical Ángel Cabetas, "en tanto que responsable de compras del BBVA".
No obstante, requiere a la entidad que identifique a los empleados cuyos identificadores aparecen en facturas relacionadas con Cenyt.
La "operación Trampa" gira en torno a los supuestos servicios de espionaje a políticos, empresarios y periodistas que el banco encargó al excomisario desde 2004, cuando la constructora Sacyr (MC:SCYR) inició un movimiento para tratar de tomar el control de la entidad que finalmente no tuvo éxito.
A mediados de 2019, el juez acordó la imputación del BBVA y de quien fuera su presidente Francisco González en un procedimiento en el que figuraban como investigados otros exdirectivos como el ex jefe de seguridad Julio Corrochano, el ex consejero delegado Ángel Cano y el propio Antonio Béjar.
A ellos y a otros cargos se les investiga por presuntos delitos de cohecho activo y descubrimiento y revelación de secretos.
Con motivo del levantamiento del secreto de sumario, el juez consideró que los trabajos encargados supuestamente por BBVA a la empresa de Villarejo entre 2004 y 2017, supusieron una "reiterada injerencia" en los derechos de las personas "mediante el acceso a sus comunicaciones, seguimientos personales o el acceso a su documentación bancaria".
Argumentos que retomaron los fiscales en un informe reciente, en el que recordaban que, a tenor de los investigadores, la factura de los "múltiples" servicios prestados por Cenyt a BBVA ascendió a 10,2 millones de euros.