Sevilla, 29 may (.).- El juicio contra la excúpula de UGT de Andalucía, por una supuesta trama de facturas falsas para desviar 40 millones de euros en subvenciones de la Junta de Andalucía para cursos de formación, afronta este miércoles su recta final con el inicio de la fase de conclusiones en la Audiencia de Sevilla.
La Sección Tercera sienta en el banquillo de los acusados al exsecretario regional del sindicato Francisco Fernández Sevilla, principal acusado junto a otros cuatro antiguos responsables de la organización sindical por un presunto delito continuado de fraude de subvenciones, en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil.
El proceso tiene su origen en supuestas facturas falsas mediante las que habrían sido defraudados 40.750.047,74 euros de subvenciones públicas.
El pasado 22 de abril Fernández Sevilla negó irregularidades en las facturas del sindicato y reclamó a la Junta, entonces gobernada por el PSOE, responsabilidad sobre "sus propios actos" al aprobar la gestión de estos programas.
Además de a Fernández Sevilla, el tribunal juzga también al que fuera secretario general de Administración de UGT-A Federico Fresneda, la exsecretaria de Gestión Económica María Chapín y la exresponsable del departamento de Compras de UGT-A Dolores Sánchez, así como el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados SL, y otras diez personas que actuaron como proveedores del sindicato a través de las empresas que representaban.
La Fiscalía Anticorrupción reclama, de forma provisional, siete años de cárcel y multa de 50 millones de euros para Fernández, al igual que para Fresneda, Charpín y el principal empresario, mientras que para Dolores Sánchez reclama cinco años y 50 millones.
Para los otros diez acusados, que eran los proveedores de UGT Andalucía, el Ministerio Público pide tres años de prisión y multas de doce meses a una cuota diaria de 12 euros -3.600 euros-, mientras que solicita que Fernández, Fresneda, Charpín y Goicoechea indemnicen conjunta y solidariamente a la Junta con la cantidad de 40.750.047,74 euros, y Dolores Sánchez con 4.288.707,74 euros.
Esta macrocausa encara su recta final diez años después de que la iniciara el juzgado de instrucción 9 de Sevilla y se viera retrasada debido a que se hicieron complejos informes periciales necesarios para el esclarecimiento de los hechos, de forma que no fue hasta mayo de 2021 cuando se remitió la causa.
La Fiscalía Anticorrupción centra la acusación en 14 expedientes de subvenciones otorgadas por el sindicato y recoge como mecanismos para defraudar la creación de la central de compras y la utilización de instrumentos como el 'rápel' y el 'bote' con los que supuestamente se financiaba el sindicato.