Madrid, 15 abr (.).- El mercado español de bonos verdes está todavía muy poco desarrollado, con emisiones privadas por poco más de 3.840 millones de euros en 2018, año en el que hubo un descenso de más del 22 % sobre el anterior, aunque en lo que va de 2019 el mercado está más activo, con 2.400 millones colocados.
La financiación verde es un segmento de la financiación sostenible (en la que se incluyen además objetivos sociales, económicos y de gobernanza) destinada a proyectos de eficiencia energética, de conservación de la diversidad o de transportes sostenibles, entre otros.
Pese a que las cifras son todavía modestas, España reúne condiciones para ser líder en financiación sostenible, porque todas las empresas del IBEX 35 están trabajando intensamente en ello, dijo a Efe la directora de Análisis de Sostenibilidad de la gestora de activos de BNP Paribas (PA:BNPP) y una de las voces más autorizadas en la materia, Helena Viñes.
Las emisiones públicas estatales de bonos verdes en España se han limitado por el momento a los 500 millones de euros que colocó el ICO el pasado 2 de abril, con una demanda de más de 3.400 millones, muy superior a la de una colocación habitual, lo que refleja el interés de los inversores en este tipo de activos.
El ICO y otros emisores públicos españoles han lanzado también bonos sostenibles y sociales pero no estrictamente verdes: la Comunidad de Madrid ha hecho cinco emisiones desde agosto de 2016, por 3.186 millones; el País Vasco ha lanzado dos colocaciones, la segunda la semana pasada, por 1.100 millones; el ICO vendió otros 1.052 millones, y el Ayuntamiento de Barcelona, 35 millones, según datos recopilados por la consultora Afi.
En el mundo corporativo español la actividad ha sido algo más intensa. La compañía pionera en este terreno es Iberdrola (MC:IBE), que en abril de 2014 lanzó el primer bono verde, por 750 millones de euros. Ese mismo año Abengoa emitió otros dos, por 532 millones.
El año 2015 pasó en barbecho y en 2016 las emisiones corporativas alcanzaron 2.472 millones, prácticamente todos emitidos por Iberdrola (menos 22 millones de Acciona).
El mejor ejercicio para el mercado verde fue 2017, cuando las empresas privadas colocaron 4.965 millones, de los que 3.000 correspondieron a Iberdrola y el resto, a Naturgy, Adif, Repsol (MC:REP) y Acciona.
En 2018, la actividad bajó hasta 3.844 millones, con casi 2.000 para Iberdrola, otros 1.000 de BBVA (MC:BBVA), 750 millones de ACS y 600 de Adif.
En lo que va de 2019, las empresas han colocado 2.400 millones, de los que 1.000 corresponden a Telefónica -la primera emisión de bonos verdes de su historia y la primera también en el mundo de las telecomunicaciones- 800, a Iberdrola y los 600 restantes a Adif, que lanzó esta misma semana su tercera emisión.
El gran despegue del mercado de bonos verdes en el mundo se produjo con la publicación en 2014 de los "Green Bond Principles" y un año después se produjo el Acuerdo del Clima de París, que incorporó la necesidad de movilizar flujos financieros para impulsar un modelo económico bajo en emisiones de gases de efecto invernadero.
No obstante, el riesgo climático no está plenamente interiorizado por el sector financiero, reconocen diferentes expertos, algunos de los cuales han probado que las compañías consideradas "marrones" (las más expuestas al riesgo de carbono) tienen un peor comportamiento en sus cotizaciones bursátiles que las más verdes.
Está relación, según un estudio de José Manuel Marqués Sevillano y Luna Romo González, de la División de Innovación Financiera del Banco de España, es más evidente a partir de 2012, coincidiendo con la mejora del ciclo económico y con la acuñación de los conceptos "burbuja de carbón" y "activos varados" (los que nunca se podrán explotar por el cambio hacia un modelo más limpio).
Sin embargo, la movilización de fondos aún es insuficiente para financiar los proyectos necesarios para avanzar hacia una economía compatible con los objetivos del Acuerdo de París. De hecho, solo en Europa faltan cerca de 180.000 millones de euros de inversión anual para conseguir los objetivos del clima y energéticos en 2030.