Berlín, 17 jun (.).- El oligarca uzbeko-ruso Alisher Usmánov ha demandado al banco suizo UBS (SIX:UBSG) ante la justicia en la ciudad alemana de Fráncfort (oeste) ya que supuestamente unas alertas injustificadas sobre sus transacciones desencadenaron investigaciones contra él por parte de las autoridades, informó este lunes su abogado.
El bufete de abogados Gauweiler & Sauter, que representa al millonario, dio cuenta a través de un comunicado de que la demanda fue interpuesta el pasado 7 de junio ante la Audiencia Regional de Fráncfort.
El motivo son las "informaciones contrarias a derecho" del instituto financiero a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Dirección General de Aduanas sobre unas "transacciones supuestamente sospechosas" que condujeron a la apertura de diligencias penales contra Usmánov.
Según el bufete, las alertas "injustificadas" enviadas por UBS a las autoridades llevaron a que la fiscalía de Fráncfort investigara al oligarca por blanqueo de dinero y emplease "una serie de espectaculares registros" para dejarle en evidencia y castigarle públicamente.
“La importancia del caso Usmánov contra el UBS va mucho más allá de la simple violación de un acuerdo bancario y del secreto bancario. En esencia, el UBS instigó y fue cómplice de la persecución ilegal de una persona inocente”, señala la demanda.
El propio banco aún no se ha pronunciado sobre la presentación de una demanda por parte de Usmánov. "UBS no hace comentarios al respecto", dijo a la agencia rusa TASS un representante del holding financiero.
En noviembre de 2022, la Policía registró las oficinas de UBS en Fráncfort y Múnich (sur) para incautarse de pruebas en relación con las investigaciones contra Usmánov por sospechas de blanqueo de dinero.
En el curso de las investigaciones fueron registrados también una mansión en Tegernsee (Baviera) y posteriormente un yate cerca de Bremen (norte) e incluso oficinas pertenecientes al club de fútbol Bayern de Múnich y el estadio de esa entidad deportiva, el Allianz-Arena.
No obstante, el año pasado un tribunal de Fráncfort halló que los registros y las incautaciones habían sido contrarios a derecho porque las sospechas de blanqueo de dinero no estaban lo suficientemente justificadas o documentadas.
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