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El pacto de presupuestos catalanes desbloquea 4 proyectos en infraestructuras

Publicado 01.02.2023, 12:47
© Reuters.  El pacto de presupuestos catalanes desbloquea 4 proyectos en infraestructuras
SABE
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AENA
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Barcelona, 1 feb (.).- El Govern de ERC y el grupo parlamentario PSC-Units han cerrado finalmente el acuerdo de los presupuestos de la Generalitat de 2023 tras desbloquear cuatro grandes proyectos relacionados con infraestructuras que representaban el principal escollo para sellar un pacto.

Se trata del futuro del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, de apostar por la Ronda Norte (o B-40) entre Sabadell (BME:SABE) y Terrassa, de acelerar el proyecto Hard Rock y de mejorar el servicio de Rodalies.

"MODERNIZAR" EL PRAT PARA ATRAER VUELOS INTERCONTINENTALES

En el documento de propuestas planteado a finales de diciembre, el PSC reclamaba "abordar, durante el primer trimestre de 2023, con el Gobierno de España y Aena (BME:AENA), la transformación y ampliación" del aeropuerto barcelonés.

El acuerdo final sobre esta infraestructura -el último obstáculo sorteado- reza que se deberá "acordar, durante 2023, con el Gobierno de España una comisión técnica que permita acordar el nuevo modelo aeroportuario que necesita Cataluña", de modo que El Prat "gane capacidad y se convierta en un verdadero 'hub' intercontinental". Desaparece así de la ecuación Aena y la palabra "ampliación" y se concreta que el nuevo modelo "deberá permitir su modernización (de El Prat) con respeto a la biodiversidad".

La propuesta de Aena que finalmente no llegó a buen puerto -las negociaciones embarrancaron a finales de 2021- pasaba por ampliar la tercera pista en 500 metros, lo que conllevaría invadir en parte el estanque de La Ricarda, en el espacio natural del Delta del Llobregat, lo que a su vez es imposible sin el visto bueno previo de la Comisión Europea.

En junio de 2022, el Govern presentó un plan, acordado con el gobierno municipal de El Prat de Llobregat -en mano de los comunes- para reforzar el Delta del Llobregat, tal como requiere la Comisión Europea, que mantiene abierto un expediente contra España por esta cuestión. El acuerdo, sin embargo, nunca se ha llegado a aprobar en el seno del Consell Executiu, y en noviembre los ayuntamientos de Gavà, Viladecans y Sant Boi de Llobregat -todos con alcaldes socialistas- pidieron suspender la tramitación del acuerdo.

El documento dado a conocer hoy señala que durante 2023 se deberán solventar las reclamaciones de la Comisión Europea "con las actuaciones que se consideren adecuadas en el análisis conjunto de todos los actores del Delta".

En cualquier caso, el objetivo es alcanzar unas 90 operaciones por hora, cuando ahora son algo más de 70. A priori, se puede lograr ampliando la infraestructura en dirección Barcelona -la propuesta de Aena rechazada por el Govern- o cambiando la operativa de pistas, lo que generaría mayores molestias sonoras para vecinos principalmente de Castelldefels y Gavà -lo que el Ejecutivo central rechaza "rotundamente"-; o complementando la oferta potenciando los aeródromos de Reus y Girona.

ERC CEDE CON LA RONDA NORTE ENTRE SABADELL Y TERRASSA

En este punto no se han acercado posturas, sino que ERC ha cedido sin ambages. El president Pere Aragonès señaló que se ha tratado de una decisión "difícil", respecto a la que él asume el "coste y desgaste político y personal", justificada porque Cataluña "necesita" presupuestos.

El tramo de autopista que se ha acordado construir, algo más de 6 kilómetros, forma parte de una orbital (la B-40) ideada a finales de 1960 de la que solo se han llevado a cabo algunas partes.

El acuerdo precisa que se debe hacer efectivo en el primer trimestre de 2023 el convenio planteado por el Ministerio de Transportes, según el cual el Gobierno central financiará las obras, que serán ejecutadas por la Generalitat.

La propuesta del Ejecutivo se remonta a junio y en su día fue vista con buenos ojos por Junts -que formaba parte del Govern- pero censurada por ERC, que lo consideraba un proyecto de movilidad "caduco". El conseller de Territorio, Juli Fernàndez, que había sido alcalde de Sabadell, siempre se ha mostrado contrario a la B-40.

EL HARD ROCK .O "DESARROLLO ECONÓMICO" DE BARCELONA

El acuerdo entre Govern y PSC sobre el macrocomplejo de ocio y casinos BCN World, de Hard Rock Entertainment World, queda algo diluido dentro de un apartado que aboga por el "desarrollo económico del Camp de Tarragona".

Este proyecto, que se prevé levantar entre Vila-seca y Salou (Tarragona), está pendiente de la aprobación definitiva del Plan Director Urbanístico (PDU) que debe regular los terrenos en los que se instale. El acuerdo indica que la aprobación definitiva del PDU debe darse durante este año.

La iniciativa acumula años de retraso, con intervención incluida de la Justicia, que ha obligado a rehacer el PDU inicial. A finales de octubre, el Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural emitió un informe desfavorable sobre la última versión del nuevo PDU y ahora la pelota vuelve a estar en el tejado de la consellería de Territorio.

UNAS RODALIES "GESTIONADAS DESDE CATALUÑA"

El Govern considera desde hace tiempo "estratégico" completar el traspaso de Rodalies, acometido de forma parcial en 2009, lo que significaría que el Govern asuma también la gestión de personal, infraestructuras, vías, estaciones y catenarias.

El acuerdo con los socialistas no aporta grandes novedades: prevé la cesión de la titularidad de las infraestructuras, aunque solo de aquellas "que puedan ser segregadas de la red ferroviaria de interés general"; una actualización del Plan de Rodalies, con el concurso de la Generalitat; y acordar entre Govern y Renfe "las actuaciones necesarias para adquirir y mejorar los trenes y los talleres" mientras la Generalitat "no disponga de un operador propio preparado", en referencia a FGC.

En su documento de propuestas de diciembre, el PSC reclamaba que el Govern firmara en el plazo de dos meses el contrato-programa con Renfe, lo que no consta en el acuerdo.

Renfe ha comprado recientemente 97 nuevos trenes para Rodalies, unas adquisiciones en las que ha invertido 858 millones de euros tras autorizárselo el Gobierno y sin que se haya firmado ningún contrato-programa, una condición hasta entonces fijada como indispensable para renovar la flota.

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