Lisboa, 22 ene (EFE).- El Parlamento portugués aprobó hoy la apertura de una comisión de investigación dedicada a esclarecer lo ocurrido en el Banco Internacional de Funchal (Banif (LS:BANIF)), que fue liquidado en diciembre con un coste millonario para el Estado luso.
La propuesta, elevada a la Cámara por los socialistas -actualmente en el Gobierno- y el resto de fuerzas de la izquierda, contó también con el apoyo de los dos partidos conservadores lusos, lo que no evitó un intenso cruce de acusaciones entre ambos bloques.
Ésta será la quinta comisión de investigación parlamentaria a la banca portuguesa en apenas ocho años, un instrumento que fue utilizado ya el año pasado para depurar responsabilidades en la caída del Banco Espírito Santo (BES), por aquel entonces una de las más importantes entidades financieras del país.
El Banif era el más pequeño de los principales bancos lusos y fue vendido a finales de diciembre al Banco Santander (MC:SAN) por 150 millones de euros.
La solución encontrada incluye dividir sus activos en tres: la parte saludable, que fue a parar a la entidad española; la problemática o tóxica, que pasó a un vehículo de gestión creado para tal fin; y el pequeño porcentaje restante, que se mantiene bajo el mismo nombre y será vendido.
La operación supone un coste para el erario público próximo a los 3.000 millones de euros, de los que casi dos terceras partes se abonarán al Santander en concepto de garantías y para "futuras contingencias" derivadas de la operación.
La delicada situación financiera en la que se encontraba el Banif -que empeoró con una fuga de depósitos provocada por la publicación de informaciones sobre la posible quiebra de la entidad- fue la primera dificultad que se encontró el nuevo Gobierno socialista nada más acceder al poder, a finales de noviembre.
El Ejecutivo justificó el coste para las arcas públicas de esta solución por la entrada en vigor el 1 de enero de una nueva regulación a nivel europeo sobre liquidaciones bancarias que, en la práctica, extiende la responsabilidad en casos de quiebra a los titulares de depósitos de más de 100.000 euros, que con su decisión se vieron protegidos.
Este asunto es ya un arma arrojadiza entre la izquierda y la derecha en Portugal, que se culpan mutuamente de lo ocurrido.
Hoy mismo, el diputado socialista Carlos Pereira acusó al anterior Ejecutivo conservador de esconder el problema del Banif por motivos electoralistas y "en detrimento del interés de los portugueses".
Desde el Partido Social Demócrata (PSD, centro-derecha), António Leitao Amaro incidió en las dudas que levanta la operación y pidió una auditoría externa e independiente -que fue rechazada por el Parlamento- para clarificar si la solución encontrada "fue para resolver el Banif o para capitalizar el Santander", ya que en su opinión, el grupo español se vio beneficiado.