Bruselas, 29 oct (.).- El Parlamento Europeo (PE) presentó este viernes ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una demanda contra la Comisión Europea (CE) por no haber empezado a aplicar las nuevas normas que condicionan la entrega de fondos comunitarios al respeto de los valores del Estado de Derecho pese a estar en vigor desde principios de año.
"Como se solicitó en resoluciones parlamentarias, nuestro servicio legal ha iniciado hoy acciones ante el Tribunal de Justicia contra la Comisión Europea por no aplicar la regulación de condicionalidad", dijo en un comunicado el presidente de la Eurocámara, David Sassoli.
El Parlamento Europeo ha cumplido así con la advertencia que venía haciendo desde hace meses a la Comisión para que aplicase este mecanismo, que permitirá por primera vez paralizar el desembolso de fondos comunitarios cuando se detecten violaciones de principios del Estado de Derecho -como la independencia judicial, la igualdad ante la ley o la separación de poderes- que afecten al buen uso de los fondos europeos.
La decisión, respaldada por los grupos parlamentarios y la comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara, llega en un momento de máxima tensión entre Polonia y Bruselas por la sentencia de su Tribunal Constitucional que rechaza la primacía del Derecho comunitario.
Algunos partidos consideran este motivo suficiente para estrenar las normas con Polonia, que junto con Hungría son los países que más problemas tienen desde hace años con la Comisión Europea a cuenta del Estado de Derecho.
Varsovia y Budapest siempre se han opuesto a este mecanismo, que consideran políticamente motivado y dirigido contra ellas, y a finales del año pasado llegaron a bloquear la aprobación del presupuesto comunitario para 2021-2027 y el fondo de recuperación pospandemia por este motivo.
Finalmente levantaron el veto, pero recurrieron al Tribunal de Justicia de la UE para pedir la anulación de esta norma.
Pese a que está en vigor desde el 1 de enero de este año, la Comisión Europea quiere esperar a tener el veredicto del tribunal para activarla, aunque asegura que, mientras tanto, ya se están estudiando posibles violaciones del Estado de Derecho susceptibles de ser penalizadas.
Pero esto no es suficiente para la Eurocámara, que considera que el Ejecutivo comunitario no está cumpliendo con lo que le exigen los tratados.
Las demandas para utilizar el mecanismo se incrementaron ya este verano a raíz de la aprobación en Hungría de una ley que limita los derechos de las personas LGTBQI con medidas como prohibir hablar de homosexualidad en los colegios, a lo que se ha sumado recientemente el nuevo órdago judicial polaco.
En su cumbre la semana pasada, los líderes de la UE abogaron por el diálogo con Varsovia para buscar una solución, pero no descartaron sancionar a Polonia, que como Hungría tiene abierto desde hace años un expediente comunitario por sus problemas con el Estado de Derecho.
De momento, la Comisión Europea ha postergado la aprobación de los planes de recuperación de ambos países hasta resolver dudas a este respecto.
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