Madrid, 5 jun (.).- El PP ha reivindicado su política de vivienda en el pleno del Senado, donde este miércoles ha aprobado, con su mayoría absoluta y el apoyo de Junts per Catalunya, Coalición Canaria y la Agrupación Socialista de Gomera, una moción que pide al Gobierno "consensuar un plan de choque para facilitar a los jóvenes una vivienda asequible".
El debate de la moción, que tuvo lugar anoche, puso de manifiesto lo lejos que están los grupos parlamentarios de intentar dicho consenso.
"La ministra pide una alianza de país y consensuar medidas y veníamos con esa intención, pero entre sus soflamas neocomunistas y su tono chulesco es difícil pensar en eso", reprochó a los socialistas el senador 'popular' José Ramón Díez de Revenga.
Para el PP, el PSOE y sus socios "solo ponen encima de la mesa políticas de extremos" con "todos los mantras del neocomunismo bolivariano: los especuladores, los fondos buitre, las Golden Visa (NYSE:V), la mano invisible y la guinda de Milei", se quejó Revenga.
En esa línea, el senador del PP distinguió entre "dos modelos claramente diferenciados" en política de vivienda: "el modelo del experimento ideológico del Gobierno y sus socios", plasmado en la ley de vivienda; y el suyo, "basado en la libertad".
El socialista Javier Izquierdo le replicó que "hay que tener cuajo para presumir de un modelo que llevan aplicando casi treinta años en comunidades como Madrid, donde los jóvenes no pueden acceder a una vivienda".
Según Díez de Revenga, en el año que lleva vigente la Ley por el Derecho a la Vivienda el problema se ha "multiplicado exponencialmente", porque está "destruyendo el mercado".
Izquierdo le recordó que "los alcaldes de derechas franceses se están acogiendo a los mecanismos de contención de precios" que recoge esta ley y auguró que los 'populares' "aquí llegarán tarde a esto, como siempre".
De las trece enmiendas presentadas -tres de la Izquierda Confederal, nueve del grupo plurinacional y una del PSOE, que pretendía sustituir el texto original por uno que avalara al Gobierno-, el PP aceptó las de Junts per Catalunya y Agrupación Socialista de Gomera, ambos de acuerdo con el planteamiento de la moción, que exige "acabar con las políticas intervencionistas de precios de alquiler".
La de Junts aboga por la coordinación entre administraciones, a fin de que no haya conflictos competenciales en los territorios, según explicó su senadora Teresa Pallarés, que llamó a la "autocrítica" y a "mirar a Dinamarca, donde el cincuenta por ciento de la vivienda es de compra y el otro cincuenta en alquiler, y de estas el veinte por ciento es propiedad del Estado".
También el senador de la Agrupación Socialista de Gomera Fabián Chinea defendió que la "cooperación es básica" y sumó al texto la idea de "impulsar la aportación conjunta de recursos suficientes para facilitar tanto la vivienda en alquiler como en propiedad".
La moción del PP, aprobada con 149 votos a favor y 109 en contra, contiene medidas como seguros de impago y deducción en el IRPF para los arrendatarios, fórmulas de colaboración público-privada para construir vivienda y reformas legales para agilizar la tramitación urbanística.