Lisboa, 30 jul (EFE).- El remozado Gobierno portugués aspira a pasar página en la crisis política vivida en julio con la moción de confianza a la que se somete hoy en el Parlamento, que la alianza conservadora puede superar sin problemas con su mayoría absoluta.
Pero un día después de la aprobación de una polémica reforma de la función pública, que eleva las horas de trabajo semanal de 35 a 40, se prevé un debate parlamentario encendido, con una oposición de izquierda que no deja de exigir elecciones anticipadas para salir de la larga recesión que sufre el país.
La moción, que tiene asegurados los votos de la mayoría conservadora, con 132 de los 230 diputados, fue propuesta el pasado 21 de julio por el presidente portugués, el conservador Aníbal Cavaco Silva, para garantizar la solidez de la coalición en el poder.
Cavaco pretende que tanto Social Demócratas (PSD-centro derecha) como democristianos (CDS-PP), que realizaron la semana pasada un nuevo reparto de carteras en el Ejecutivo, den una imagen de cohesión después de las discrepancias internas que originaron la crisis política.
El 2 de julio, Paulo Portas, líder del CDS-PP y entonces ministro de Exteriores, presentó su dimisión "irrevocable" por no haber sido consultado para el nombramiento de la nueva ministra de Finanzas, María Luis Albuquerque, considerada una continuista de la austeridad promovida por su antecesor, Vítor Gaspar.
Frustradas las negociaciones para un pacto de salvación nacional convocado por Cavaco entre PSD, CDS-PP y los socialistas -principal grupo de oposición- el presidente portugués optó hace una semana por la continuidad del Gobierno en vez de llamar a los comicios anticipados que pide la izquierda.
El jefe de Estado argumentó que las elecciones dos años antes del fin de la legislatura podrían añadir inestabilidad a Portugal e impedir que culmine, en junio de 2014, su programa de rescate financiero.
El Gabinete de Passos Coelho fue, no obstante, ampliamente remodelado con cambios de titular o de funciones en seis ministerios y 19 secretarias de Estado, un reajuste favorable al minoritario CDS-PP, que ganó peso político.
La moción de hoy será la sexta para decidir la continuidad del Ejecutivo conservador en una legislatura que arrancó en junio del 2011, dos meses después de que los socialistas, entonces en el Gobierno, pidieran el rescate financiero de Portugal.
La última moción, que fue de censura y presentada por la oposición marxista el pasado 18 de julio, en plena crisis de Gobierno, fue rechazada por la mayoría conservadora.
Entre tanto, el descontento con el Gobierno se sintió también en la calle, con protestas por la aprobación parlamentaria, el lunes, del aumento de horario laboral de los funcionarios públicos y de un nuevo régimen que facilita su desvinculación del Estado.
Con los votos del PSD y el CDS-PP y la oposición del Partido Socialista (PS) y la izquierda marxista, la nueva ley entrará en vigor cuando la sancione Cavaco, que tiene también competencia para devolverla al Parlamento.
El nuevo régimen de los trabajadores públicos está incluido en la profunda reforma del Estado que prepara el Ejecutivo conservador, a petición de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para ahorrar unos 4.000 millones de euros de forma permanente. EFE
Pero un día después de la aprobación de una polémica reforma de la función pública, que eleva las horas de trabajo semanal de 35 a 40, se prevé un debate parlamentario encendido, con una oposición de izquierda que no deja de exigir elecciones anticipadas para salir de la larga recesión que sufre el país.
La moción, que tiene asegurados los votos de la mayoría conservadora, con 132 de los 230 diputados, fue propuesta el pasado 21 de julio por el presidente portugués, el conservador Aníbal Cavaco Silva, para garantizar la solidez de la coalición en el poder.
Cavaco pretende que tanto Social Demócratas (PSD-centro derecha) como democristianos (CDS-PP), que realizaron la semana pasada un nuevo reparto de carteras en el Ejecutivo, den una imagen de cohesión después de las discrepancias internas que originaron la crisis política.
El 2 de julio, Paulo Portas, líder del CDS-PP y entonces ministro de Exteriores, presentó su dimisión "irrevocable" por no haber sido consultado para el nombramiento de la nueva ministra de Finanzas, María Luis Albuquerque, considerada una continuista de la austeridad promovida por su antecesor, Vítor Gaspar.
Frustradas las negociaciones para un pacto de salvación nacional convocado por Cavaco entre PSD, CDS-PP y los socialistas -principal grupo de oposición- el presidente portugués optó hace una semana por la continuidad del Gobierno en vez de llamar a los comicios anticipados que pide la izquierda.
El jefe de Estado argumentó que las elecciones dos años antes del fin de la legislatura podrían añadir inestabilidad a Portugal e impedir que culmine, en junio de 2014, su programa de rescate financiero.
El Gabinete de Passos Coelho fue, no obstante, ampliamente remodelado con cambios de titular o de funciones en seis ministerios y 19 secretarias de Estado, un reajuste favorable al minoritario CDS-PP, que ganó peso político.
La moción de hoy será la sexta para decidir la continuidad del Ejecutivo conservador en una legislatura que arrancó en junio del 2011, dos meses después de que los socialistas, entonces en el Gobierno, pidieran el rescate financiero de Portugal.
La última moción, que fue de censura y presentada por la oposición marxista el pasado 18 de julio, en plena crisis de Gobierno, fue rechazada por la mayoría conservadora.
Entre tanto, el descontento con el Gobierno se sintió también en la calle, con protestas por la aprobación parlamentaria, el lunes, del aumento de horario laboral de los funcionarios públicos y de un nuevo régimen que facilita su desvinculación del Estado.
Con los votos del PSD y el CDS-PP y la oposición del Partido Socialista (PS) y la izquierda marxista, la nueva ley entrará en vigor cuando la sancione Cavaco, que tiene también competencia para devolverla al Parlamento.
El nuevo régimen de los trabajadores públicos está incluido en la profunda reforma del Estado que prepara el Ejecutivo conservador, a petición de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para ahorrar unos 4.000 millones de euros de forma permanente. EFE