Madrid, 19 feb (.).- El PP ha hecho valer este lunes su mayoría absoluta en la Comisión de Vivienda del Senado para aprobar una moción que pide eliminar la obligación de fijar el día y la hora exactos de los lanzamientos de viviendas, y otra para suprimir los mecanismos de intervención estatal en los precios del alquiler.
Ambas iniciativas confrontan con la Ley por el Derecho a la Vivienda, una de las leyes estrella que sacó adelante el Gobierno de coalición del PSOE y Podemos la pasada legislatura, con el apoyo de ERC y EH Bildu.
El PP considera que la notificación obligatoria del día y hora de los lanzamientos que establece esta ley supone "poner más trabas a los desahucios de la gente que no paga y proteger a los delincuentes, cuando se debería proteger a los propietarios", ha afirmado el senador José Manuel Rodríguez.
Éste ha defendido que su iniciativa, que ha recibido el apoyo "sin ningún tipo de reserva" de VOX, "no va contra las familias ni afecta a las personas vulnerables con problemas de hogar y habitabilidad".
Jordi Gasebni (ERC) le ha acusado, no obstante, de meter en el mismo saco a las familias vulnerables y los delincuentes", mientras que la socialista Carmen Torralba ha explicado que en otros países del entorno, como Francia, Italia y Reino Unido, la legislación establece esta obligatoriedad, que "permite mejorar la planificación y organización tanto al inquilino como al propietario".
La segunda moción aprobada, que insta al Gobierno a eliminar de la ley de vivienda la intervención en el mercado del alquiler, ha contado con la abstención de Vox, al no aceptar los populares la enmienda que ha presentado su representante.
El senador del PP José Ramón Díez de Revenga ha dicho que discrepa de algunas de las medidas "hiperventiladas" de la enmienda, como la de "acabar con la llamada nueva Bauhaus europea que impulsan los burócratas de Bruselas con la coartada del fanatismo climático".
La Comisión de Vivienda del Senado ha aprobado también una tercera moción del PP (con el apoyo de Vox, los votos en contra del PSOE y ERC, y la abstención del PNV) que insta al Gobierno a incentivar la puesta en el mercado de viviendas en alquiler.
Ha rechazado, en cambio, la presentada por el grupo socialista para que el Gobierno garantice la declaración de zonas tensionadas en aquellos municipios que lo soliciten.
La ley de vivienda reconoce que son las comunidades autónomas las que tienen la potestad de declarar un municipio como zona de mercado residencial tensionado, para que puedan aplicarse en ella las correspondientes limitaciones del índice de precios de alquiler.
Esto está llevando, por ejemplo en la Comunidad de Madrid, a que haya ayuntamientos, entre ellos los de Getafe, Parla, Alcorcón y Ciempozuelos, que han solicitado dicha declaración, sin que esta sea aceptada por el Gobierno regional del PP, contrario a esta política.
El socialista José Javier Izquierdo ha sostenido que habría que "buscar una solución para ese bloqueo" y que el Gobierno de Pedro Sánchez debería abordar el asunto con las comunidades autónomas.
La 'popular' Paloma Martín le ha recordado que el desacuerdo de su partido con la Ley de Vivienda es "absoluto" y que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite varios recursos contra el texto, aprobado hace nueve meses.
La comisión ha rechazado asimismo una iniciativa de ERC para hacer cumplir al Ejecutivo las recomendaciones sobre vivienda que plasmó la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa en su informe sobre España de abril de 2023.