MADRID (Reuters) - El Tribunal Supremo ha acordado en una tensa y ajustada deliberación- con 15 votos a favor y 13 en contra -volver al criterio por el que el solicitante de un préstamo hipotecario es quien debe asumir el cargo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.
La decisión supone tumbar la última sentencia de la sala de lo Contencioso del Alto Tribunal del pasado 18 de octubre, en la que se dictaminó en contra del criterio que lleva más de dos décadas en vigor al considerar que eran los bancos los que tenían la obligación de hacerse cargo de estos gastos disparando las críticas y las alarmas en el sector financiero por el temor a cargos multimillonarios en sus balances.
La decisión inicial del Supremo supuso una fuerte caída en bolsa de los bancos, con estimaciones de costes que iban entre 640 millones de euros y 17.000 millones de euros para el conjunto del sector en función de la posible retroactividad y que también habría afectado al déficit público.
En una decisión sin precedentes, un día después el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo decidió volver a evaluar el caso.
El Pleno ha estado dos días deliberando en un debate reñidísimo entre sus 28 miembros para terminar dando la razón a los críticos y volviendo al criterio anterior.
(Información de Belén Carreño; Editado por Carlos Ruano)