MADRID (Reuters) - El Supremo español ha preguntado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si la financiación del fondo de eficiencia energética creado por el Gobierno a finales de 2014 es compatible con la ley comunitaria.
El Supremo, a instancias de un recurso presentado por la operadora petrolífera Saras Energía, se cuestiona sobre la legalidad del sistema, que pide aportaciones sólo a las empresas minoristas, excluyendo a las distribuidoras.
Este fondo de eficiencia energética, que ha sido recurrido por varias compañías, se financia en una parte con fondos públicos y en otra con la aportación de empresas de los sectores de electricidad e hidrocarburos en función de sus ventas.
Para 2016, la dotación obligatoria para las empresas fue de 216 millones, con las mayor aportaciones recayendo en Repsol (MC:REP) (42 millones), Gas Natural (MC:GAS) (26 millones) o Endesa (MC:ELE) (29 millones), Cepsa (22 millones) o Iberdrola (MC:IBE) (15 millones).
Se trata del segundo pronunciamiento del Supremo sobre el sector energético en menos de una semana en aras del cumplimiento de la legislacion comunitaria.
El miércoles pasado, el alto tribunal volvió a tumbar el denominado "bono social", una tarifa eléctrica reducida dirigida en principio a los colectivos más desfavorecidos que desde hace doce años se financia con cargo a las eléctricas.
El Supremo, respondiendo a nuevas demandas de Endesa y E.On (DE:EONGn) contra el sistema de financiación del bono, dictó que las compañías demandantes tenían derecho a que se les devolviesen las cantidadesoe abonadas desde 2014.
El Ministerio de Industria aún no se ha pronunciado sobre la sentencia. Medios españoles cifran el coste del bono social en unos 200 millones de euros por año.