Bruselas, 5 jun (EFE).- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluyó hoy que la Comisión Europea cometió un error al estimar que una medida fiscal adoptada por Francia en favor de la eléctrica EDF constituía una ayuda de Estado contraria a la legislación comunitaria.
La máxima instancia judicial europea confirmó así la decisión que ya había tomado el Tribunal General de la UE, según el cual Bruselas se equivocó al actuar contra EDF sin tener en cuenta si el Estado había actuado como inversor privado.
El criterio de inversor privado sirve para determinar si la medida tomada por el Estado persigue un objetivo económico que también podría perseguir un inversor privado.
El Estado francés renunció, en concreto, a un crédito fiscal valorado en 889 millones de euros, correspondiente al impuesto de sociedades que debía pagar EDF.
La Comisión consideró que esa renuncia había tenido como efecto ref
orzar la posición competitiva de la eléctrica frente a sus competidores, por lo que era incompatible con el mercado común, y exigió a la compañía que devolviese al Estado 1.271 millones de euros.
EDF devolvió el importe, pero presentó apoyada por Francia una demanda de anulación parcial de la decisión de la Comisión ante la justicia europea.
El Tribunal General dio la razón a EDF y anuló la decisión de la CE, que a su vez presentó un recurso de casación contra esta sentencia ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Los jueces de Luxemburgo concluyeron hoy que la sentencia previa del Tribunal General no incurre en ningún error de derecho y recalca que las funciones del Estado como accionista de una empresa y del Estado cuando actúa como poder público deben, en efecto, diferenciarse.
Señalan, en definitiva, que la que cometió un error de derecho fue la CE al rehusar examinar si el Estado francés había actuado como inversor privado. EFE