Madrid, 19 jul (.).- La empleada de UGT acusada de estafar más de dos millones de euros al sindicato se ha negado este martes a declarar ante la jueza que investiga el caso, al igual que su marido, quien también está imputado en la causa.
La titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid citó para este martes a la pareja, que se ha acogido a su derecho a no declarar, han informado fuentes jurídicas.
Maika T.L. y su marido fueron llamados a declarar el pasado día 11 pero sus testimonios se pospusieron porque su letrado tenía otra cita.
La causa comenzó a raíz de la denuncia que interpuso el ex secretario general de UGT Madrid Luis Miguel López Reillo en representación del sindicato como entidad perjudicada por una presunta estafa, tras lo que la Fiscalía interpuso en marzo denuncia contra la empleada de UGT, su marido y tres allegadas por un delito continuado de estafa y otro de falsedad en documento mercantil.
El Ministerio Público considera que la primera desvió 2.099.680 euros simulando que debía abonar indemnizaciones de trabajadores despedidos, y que sin embargo fueron a parar a manos suyas y de los otros cuatro investigados.
El pasado día 11 declaró una de la investigadas, quien relató que Maika era amiga suya de la infancia y la había invitado a viajes de lujo a destinos como Tanzania y las Seychelles, y además le dio cheques por valor de 43.000 euros.
Ese día el sindicato UGT aportó al juzgado el informe de una auditoría propia en el que se apunta que, además de los 200 talones fraudulentos detectados inicialmente -y por los que la Fiscalía denunció a esas cinco personas-, hay otros 657 talones cobrados por los investigados que pueden serlo, de manera que la estafa ascendería a cuatro millones.
El sindicato quiere que se investiguen esos talones y se determine si hay más personas implicadas en la trama, y prevé solicitar una batería de diligencias al juzgado.
La principal investigada en la causa es hija de la exdiputada socialista en la Asamblea de Madrid Carmen López, a quien el partido retiró en abril de todas sus responsabilidades tras conocer el caso.
Según la Fiscalía, durante un periodo comprendido "al menos" entre 2019 y 2021, "bajo la apariencia de librar cheques en favor de diversos trabajadores que habían sido despedidos y que habían encargado a UGT Madrid que tramitaran su correspondiente indemnización", presentó para su firma a los responsables del sindicato diversos cheques cuyo importe iba a ser abonado supuestamente con cargo a fondos previamente transferidos al Fogasa.