Managua, 10 jun (EFE).- La cúpula empresarial de Nicaragua cuestionó hoy a una comisión de diputados sobre los vacíos que presentan las leyes propuestas por el presidente Daniel Ortega para entregar a una empresa china la construcción de un canal interoceánico y una concesión por hasta 100 años.
La definición de las áreas de concesión, la expropiación de propiedades y el manejo de los impuestos, son tres puntos que el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) puso sobre la mesa ante la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Nacional, que dictamina las leyes propuestas por el Ejecutivo.
"Mientras no se definan en el estudio de factibilidad las áreas específicas de este proyecto (ruta del canal) Nicaragua (entera) está bajo concesión, y debemos trabajar para que esto no atrase los procesos de inversión", dijo el presidente del Cosep, José Adán Aguerri, a periodistas.
El representante de los empresarios brindó sus declaraciones después de una reunión de consulta hecha por la Comisión de Infraestructura, con distintos sectores empresariales y estatales.
Aguerri mencionó que "va a ser muy difícil para un inversionista venir a Nicaragua si no va a tener la certeza de si un área puede ser expropiada o no".
Hasta ahora el proyecto del canal no tiene una ruta establecida, ya que no se han hecho los estudios de factibilidad, según dijo el presidente Daniel Ortega en mayo pasado.
El método de las expropiaciones para la construcción del canal preocupa a los empresarios porque el Ejecutivo propuso confiscar las tierras basado en su valor catastral, y si tienen valor comercial, se pague conforme la conveniencia del concesionario del canal.
"Entendemos que se está buscando que la gente no empiece a especular (con el valor de las tierras), pero tenemos que buscar un equilibrio", expresó Aguerri.
El tercer punto que preocupa a las empresas es el régimen de impuestos de la concesionaria.
Al respecto, Aguerri señaló que "no debe quedar como un contrato firmado por el director de Aduanas y la concesionaria" y que las tasas afectarán a las empresas nicaragüenses.
El diputado Brooklyn Rivera, aliado del partido de Gobierno, se quejó de que los indígenas del Caribe nicaragüense no fueron consultados.
La presidenta de la Comisión de Infraestructura, Jenny Martínez, dijo que "el consejo regional se presentó, que es la autoridad".
Martínez dijo que en lo que resta de este lunes y mañana entregaría las propuestas de ley a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, y aseguró que serán aprobadas por el plenario del congreso el jueves próximo.
Los proyectos tienen por títulos Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense atingente al Canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructura Asociados; y Ley de Concesión a los Servicios de Inspección No Inclusiva a los Puestos de Controles y Fronteras para la Seguridad Nacional, detalló la fuente.
Las mismas están dirigidas a facilitar el trabajo de la empresa china HK Nicaragua Canal Development Investment Co., Limited.
Las iniciativas fueron presentadas la semana pasada, con carácter de urgencia, por el secretario de políticas públicas del Gobierno de Nicaragua, Paul Oquist.
El Gobierno de Nicaragua calcula que, si la construcción del canal inicia en mayo de 2014, el crecimiento económico del país ya no sería de 4 % a 5 %, según los cálculos actuales, sino del 10,8 % ese año, y se elevaría al 15 % en 2015.
Asimismo, Nicaragua espera que el canal ayude a que en el año 2018 el PIB sea de 24.700 millones de dólares, superior a los 14.900 millones proyectados sin canal. Actualmente el PIB es de 10.000 millones de dólares. EFE