Managua, 10 abr (EFE).- La empresa privada de Nicaragua anunció hoy que recurrirá legalmente ante el Ejecutivo y el Poder Judicial por una resolución administrativa estatal que deja en manos del gobierno la potestad de nombrar personal interno en compañías de telecomunicaciones.
El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, dijo en rueda de prensa que agotarán todas las vías legales para que las compañías de telecomunicaciones no tengan que solicitar permiso al gobierno para contratar personal en cargos claves.
El Cosep presentará un recurso de revisión al director del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, Orlando Castillo, y si "decide no darle paso, lo siguiente que vamos a hacer" es presentar un recurso de apelación ante el presidente Daniel Ortega, acotó Aguerri.
A fines de marzo el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) emitió el acuerdo administrativo 0005-2013, en el que ordena a los operadores de servicios de telecomunicaciones a someter a su aprobación el nombramiento de directores, gerentes, personal de informática y seguridad.
"Si (Ortega) responde de manera negativa, obligaría al sector privado a tener que ir por la vía judicial, y entrar en los recursos de amparo y de constitucionalidad", advirtió Aguerri.
Tanto el Cosep, como la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), se opusieron públicamente a la decisión, alegando que el gobierno se está metiendo en terrenos privados utilizando normas que atentan contra la Constitución nicaragüense y once leyes nacionales.
El director de Telcor ha dicho a periodistas que el acuerdo administrativo busca que el gobierno tenga el control sobre personas que colaboran con el crimen organizado y que las telecomunicaciones son un asunto de seguridad nacional.
Por su parte, la opositora Bancada Democrática Nicaragüense (BDN) solicitó una interpretación de la Ley de Telecomunicaciones, ya que consideran que esa no es una atribución de Telcor.
El líder de los empresarios recordó que "esta no ha sido la tónica" entre el sector privado y el gobierno de Nicaragua, quienes normalmente han resuelto sus diferencias a través de negociaciones, por lo que Aguerri no descartó un acuerdo por esta vía.
Las empresas afectadas por esa decisión son las compañías Telefónica Movistar, de origen español, y Claro Movil, de capital mexicano, que no han fijado una posición pública sobre ese asunto. EFE