Madrid, 20 oct (.).- La asociación de empresas gasistas Sedigas confía en que el tope a la tarifa regulada del gas (TUR) aprobado por el Gobierno sea temporal y advierte del peligro de que provoque una "migración masiva de clientes" que amenace a la sostenibilidad y libre competencia del mercado.
"La prórroga de las condiciones vigentes para la TUR (a la que ahora se pueden acoger también las comunidades de vecinos y que establece que no puede subir más de un 15 % trimestralmente) es una respuesta sensata", afirma la patronal en un comunicado.
Sin embargo, alerta de que se podría dar "una migración masiva de clientes" hacia la tarifa regulada "que amenace la sostenibilidad y la competencia del libre mercado y cuestione el proceso de liberalización emprendido por el sector hace más de dos décadas".
Además, Segidas expresa su temor a que la medida "ponga en riesgo la propia estabilidad del sistema como consecuencia del trasvase de clientes a las comercializadoras de último recurso (CUR) con precios inferiores a los de mercado".
En cualquier caso, la patronal dice compartir la visión del Gobierno de que hay que adoptar medidas para proteger de forma temporal a todos los consumidores, especialmente a los más vulnerables, de los efectos más negativos de la actual coyuntura marcada por la elevada volatilidad y el histórico incremento del precio del gas natural en los mercados internacionales.
En este sentido, valora la reciente aprobación de la rebaja del IVA en la factura del gas al 5 % e insta al Gobierno a aplicarla también en el Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH), tal y como se ha hecho en la factura eléctrica.
Coincide además en la necesidad de incrementar de forma extraordinaria la protección otorgada al bono térmico y apoya el mantenimiento de las medidas de flexibilización de los contratos para los clientes industriales.
"Son medidas de apoyo razonables en un contexto de emergencia como el actual", afirma en el comunicado, en el que también valora que se haya permitido acogerse a la tarifa regulada a las comunidades de propietarios, excluidas hasta la fecha por ser grandes consumidores.
También aplaude la financiación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado del déficit acumulado desde octubre de 2021 y el previsible hasta el 31 de diciembre de 2023.
En cuanto al impulso de los contadores inteligentes de gas natural, considera que da herramientas a los consumidores para el control de su propio consumo y facilita el despliegue de los gases renovables.
Sin embargo, señala la necesidad de acelerar su implantación, y emplaza al Gobierno a aprobar en breve plazo la orden ministerial que establezca los planes de desarrollo y a incrementar "la ambición en cuanto a los objetivos de digitalización y a partidas presupuestarias sobre las que llevarlos a cabo".