Madrid, 26 oct (.).- El presidente de Enagás (MC:ENAG), Antonio Llardén, ha dicho este martes que el objetivo de la compañía es que las comercializadoras de gas natural tengan la mayor capacidad de descarga de gas natural licuado (GNL) en un contexto de fuerte demanda y ya en las cercanías del invierno.
Llardén, durante la conferencia con analistas en que ha presentado los resultados de Enagás en los nueve primeros meses del año, ha manifestado que la compañía de transporte de gas y gestor del sistema gasista español está garantizado con sus infraestructuras de regasificación capacidad de descarga.
Ha indicado que se había previsto inicialmente que descargaran gas en regasificadoras españolas este año 300 buques, aunque ahora, ante la fuerte demanda, solo para el periodo de invierno (noviembre-marzo) su número se ha incrementado en 50 respecto al mismo periodo de 2020.
Llardén ha descartado que Enagás vaya a hacer nuevas inversiones en infraestructuras gasistas tradicionales porque no es necesario, pero sí en gases renovables.
Ha explicado que hay pocos países en Europa que tengan las infraestructuras gasistas de España por su complementariedad, con un buen número de regasificadoras y un esquema de gasoductos en la península muy mallado con diferentes rutas para dirigir el gas, a lo que se añade el incentivo de las regasificadoras para los buques de GNL.
Respecto a los resultados, ha destacado que el beneficio neto en los nueve primeros meses del año, de 307,3 millones de euros, sitúa a la compañía en línea con cumplir con el objetivo marcado todo 2021, que es de 380 millones.
Ha indicado que la posición de caja asegura la política de dividendo y ha añadido que, pese a que se esté en el "buen camino" de cumplir con el beneficio neto anunciado, Enagás no va a modificar la previsión.
Llardén ha explicado que en el cuarto trimestre pueden aflorar costes de funcionamiento y, además, considera que hacer demasiados cambios en los objetivos durante el año no orienta bien a los inversores.
Respecto a si hay conversaciones con la Administración española para ver la posibilidad de incluir la inflación en las fórmulas regulatorias, ha respondido que tienen una regulación estable hasta 2026, que tiene la ventaja de que si los tipos de interés suben, se aplican en la próxima regulación.
Ha señalado que el impacto de la inflación en las cuentas de la compañía en España es pequeño y en el resto de países en que están implantados está protegido.
Respecto a una posible rotación de activos, ha indicado que es una línea de trabajo de la compañía, que ejecuta con tranquilidad, "deprisa pero sin pausa", y ha asegurado que no están incluyendo activos internacionales, sino aquellos en los que no hay un crecimiento mayor.
PROYECTOS RENOVABLES
En cuanto a los proyectos renovables, de los que Enagás tiene unos 55 que pueden llegar a movilizar 6.300 millones de euros, Llardén ha dicho que hay que esperar a conocer los criterios que va a establecer el Gobierno español para seleccionar los que obtendrán fondos europeos de recuperación.
Ha explicado que esperaban que las normas para presentar los proyectos estuvieran publicadas al final del verano, aunque ahora parece que el Gobierno lo va a decidir antes de final de año, y espera que a lo largo de 2022 Enagás pueda dar una orientación al mercado de qué proyectos se inician y cuáles tendrán que esperar.
"En el transcurso de uno o dos años tendremos un calendario mucho más claro de la inversión que la compañía va a hacer en estos nuevos proyectos", ha indicado Llardén.
En cuanto a la relaciones con la nueva Administración de Perú, ha valorado que se haya abierto una comisión interministerial para aprovechar mejor la existencia de gas natural en el país y llevarlo a las zonas del sur que no tienen gas en este momento.
El pasado 7 de octubre la nueva primera ministra de Perú, Mirtha Vásquez, participó en la conformación de la comisión del Gobierno encargada de renegociar los contratos del yacimiento de gas de Camisea.
Este grupo de trabajo tendrá también que evaluar si es viable ampliar las reservas de gas para su industrialización y masificación entre la población, especialmente el desarrollo de la infraestructura para su distribución en las sureñas regiones de Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna.
Enagás mantiene un conflicto arbitral con el Gobierno de Perú por el Gasoducto Sur Peruano, cuya concesión para construirlo fue rescindida en 2017 a un consorcio en el que participaba la empresa española, junto a la constructora brasileña Odebrecht, y Graña y Montero, debido a los escándalos de corrupción que afectaban a Odebrecht.