Vigo, 4 nov (.).- La asociación de consumidores En-Colectivo, responsable de la denuncia ante la Comisión Europea (CE) que culminó en septiembre con la apertura de un procedimiento de infracción contra España por incumplimiento de la normativa de la UE en las prórrogas de la concesión de la AP-9 gallega, ha mostrado este jueves su preocupación por la estrategia de la concesionaria Audasa para presionar al Gobierno para que “no cumpla con su obligación”.
“Nos sorprende que, una vez más, la estrategia de Audasa sea presionar al Gobierno de España en base a la anulación de la concesión, dado que según la Comisión Europea ha habido claro incumplimiento, y la Comisión Gallega de la Competencia advirtió de posibles ayudas de Estado a la concesionaria, otro incumplimiento”, ha dicho a Efe el abogado y presidente de En-Colectivo, Diego Maraña.
Audasa realizó ayer una emisión de obligaciones para dejar constancia ante la CNMV de que reclamará más de mil millones de euros si se anula la concesión de la AP-9 que disfruta hasta 2048, cantidad que podría llegar incluso hasta los 2.000 millones al incluir las inversiones que hizo en la principal vía de comunicación de Galicia y que espera recuperar en la concesión.
Una de las posibilidades que baraja Audasa para perder esa concesión es el procedimiento abierto por la CE, al que el Gobierno deberá dar respuesta en cuestión de semanas.
Para En-Colectivo, las cifras que baraja la concesionaria son arbitrarias, puesto que es algo que, en último caso, debería decidir la justicia, la cual podría fijar una indemnización significativamente menor en función de multitud de factores.
La asociación de consumidores calcula que si no se anula la concesión, el Gobierno deberá pagar de aquí hasta su vencimiento más de 1.600 millones a cargo de los Presupuestos en virtud de las bonificaciones de los peajes que asumió desde agosto pasado.
Eso, según los cálculos de Maraña, sin contar las subidas del IPC, y el 1% adicional que Audasa puede añadirle cada año para aplicar a los peajes, lo que supondría que la concesionaria podría facturar en torno a los 6.000 millones hasta 2048, de los que la mitad tendría que aportar las arcas del Estado.
Sin embargo, para En-Colectivo la cuestión es que se pueda plantear siquiera que los gallegos sigan pagando hasta 2048 por el uso de una autopista que hace años debiera ser gratuita, como ha sucedido en Cataluña, Andalucía o Burgos, donde sus autopistas pasaron a ser gratuitas una vez vencidas las concesiones.
“¿Por qué estamos cuestionando si seguir pagando una autopista que la CE cuestiona? ¿Tenemos que seguir pagando hasta 2048 aunque sea al 50 por ciento cuando es irregular?”, se cuestiona Maraña, que recuerda que ese dinero sale de las familias y las empresas gallegas.
Maraña también ha mostrado su decepción ante la falta de respuesta de autoridades políticas de todo signo, que han ignorado las peticiones para mantener reuniones de la asociación, la cual está ahora pendiente de una posible respuesta de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de la que esperan mayor sensibilidad por el hecho de ser gallega.
Pero tampoco empresarios y sociedad civil están respondiendo a la recogida de firmas que la asociación planteó con el objetivo de poder entregar docenas de miles de ellas al Gobierno para que entienda la indignación de los gallegos por tener que seguir pagando el peaje de una autopista que, además, es la más cara de España; de hecho, de momento no ha recogido más que unas 3.000.
La concesión de la AP-9 está en juego desde que la CE emplazó al Gobierno a la correcta aplicación de las normas de la UE sobre contratación pública y contratos de concesión, que España infringió “de forma flagrante”, según En-Colectivo, al conceder dos prórrogas para la explotación de la AP-9 a Audasa hasta 2021 y hasta 2048, respectivamente.
Ambas prórrogas equivalen a sendas nuevas concesiones, por lo que tendrían que haberse convocado las necesarias licitaciones de concurso público, tal y como denunció en julio de 2019 En-Colectivo ante la Comisión Europea.
El Gobierno tiene ahora hasta el 23 de noviembre para presentar alegaciones, en caso contrario la CE emitirá en dos meses un dictamen motivado que puede dar lugar al archivo de la denuncia o a que prospere, que es lo que En-Colectivo espera que suceda porque en ese caso el Ejecutivo tendría que paralizar la concesión.
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