Río de Janeiro, 7 mar (EFE).- El Episcopado de la Iglesia católica brasileña rechazó este lunes las presiones del Gobierno de Jair Bolsonaro para que el Congreso apruebe leyes que autorizan la minería en las reservas indígenas.
La Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil (CNBB), en conjunto con algunos de sus organismos como el Consejo Indigenista Misionero (CIMI) y la Red Eclesiástica Panamazônica, divulgó un comunicado en el que manifestó su preocupación por proyectos de ley debatidos en el Congreso y que amenazan la integridad de las reservas indígenas.
"Reiteradamente la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil ha manifestado preocupación con iniciativas económicas vinculadas a la minería que buscan alterar los territorios preservados en nuestro país. Por eso convocamos a todos los cristianos para que protejan la vida, los pueblos originarios y los bosques", afirma la nota.
De acuerdo con el Episcopado, desde la promulgación de la Constitución de 1988, que le garantizó a los indígenas cerca del 13 % del territorio brasileño, hay una ofensiva contra las tierras de los indios, bien sea por las empresas mineras o por las dedicadas a la agropecuaria.
"En los dos últimos años el Parlamento brasileño ha intentado permitir la minería en los territorios indígenas mediante dos proyectos de ley que el Gobierno declaró este año como prioridades", denunció el organismo.
Agregó que uno de tales proyectos permite la minería, el turismo y la agricultura en las reservas y el otro autoriza la búsqueda de minerales y reservas petroleras en las tierras indígenas y hasta prevé un pago a los indios por el usufructo de sus territorios.
Los obispos hicieron su alerta una semana después de que Bolsonaro, que desde que asumió la Presidencia se ha negado a legalizar nuevas reservas y ha atacado a las ya existentes, pidiera urgencia en la votación de tales proyectos.
De acuerdo con el líder ultraderechista, Brasil "corre el riesgo" de quedarse sin potasio, uno de los principales fertilizantes usados por los agricultores, debido a la guerra lanzada por Rusia en Ucrania, y permitir la explotación minera en reservas indígenas de la Amazonía resolverá ese problema.
Rusia es uno de las mayores exportadores de fertilizantes del mundo y el principal proveedor de potasio a Brasil.
Bolsonaro alega que en la cuenca del río amazónico de Madeira hay gigantescas minas de potasio pero que las leyes que impiden la minería en las reservas impiden su explotación.
Desde que asumió como jefe de Estado en Brasil, el Gobierno de Bolsonaro ha flexibilizado las medidas de control y fiscalización de la minería ilegal en la mayor selva tropical del planeta y hace menos de un mes expidió un decreto aprobando el "garimpo" (minería artesanal) en el bioma.
Los obispos católicos aseguran que desde hace dos años los ministros y líderes del Gobierno defienden que el Congreso aproveche la "distracción" de la población para flexibilizar la legislación ambiental del país y que ahora, con la atención en la guerra en Europa, quieren votar en régimen de urgencia los proyectos que amenazan las reservas indígenas.
"No aceptamos la legalización de medidas que contamina los ríos y las poblaciones con mercurio, la destrucción de las fuentes de agua, la apertura de nuevas frentes de deforestación en la Amazonía y el genocidio de los pueblos", afirman en su comunicado.