Madrid, 7 jul (.).- El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha defendido que el sistema público de pensiones es muy sólido, pero afronta un problema acotado en el tiempo -la jubilación de la generación del baby boom- que generará un mayor gasto hasta 2050 que hay que decidir cómo se paga.
"Llegado el momento (...) si hubiera que allegar nuevas fuentes de financiación al sistema, que en cualquier caso son muy pequeñas (...), la disyuntiva es si se paga con impuestos que los pagan todos o podría contemplarse la posibilidad de un mecanismo más selectivo", ha afirmado durante su comparecencia ante la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo.
De esta forma, el ministro ha abierto el debate sobre una cuestión que cree que hay que decidir en el ámbito social y político, después de que la semana pasada le costara una rectificación el plantear la posibilidad de que los nacidos entre 1960 y 1975 tuvieran que asumir algún pequeño ajuste en la pensión o unos meses más de trabajo.
Hoy no hay querido que se pudieran malinterpretar sus palabras y se ha limitado a poner la cuestión encima de mesa, aunque ha incidido en que es un elemento muy importante a tener en cuenta, dado que la generación más joven incorporada al mercado laboral sufre una precariedad y una elevada tasa de desempleo que no han sufrido generaciones anteriores.
"Del mismo modo que ya nadie discute que la consideración de género es una cuestión fundamental de justicia y equidad que hay que incorporar a las políticas públicas, yo estoy convencido que con el tiempo (...) plantear el mecanismo de equidad intergeneracional probablemente tenga también elementos de justicia y equidad", ha afirmado.
"Esto es lo que hay detrás del acuerdo y nada más que eso, es un concepto", ha dicho el ministro, que ha reivindicado la vuelta al consenso de la reforma de 2011, en la que ya se planteaba la necesidad de un factor de sostenibilidad que no llegó a desarrollarse.
Ha recordado también la importancia de haber derogado el factor de sostenibilidad "mal diseñado" de la reforma del PP de 2013, que penalizaba la esperanza de vida con un efecto creciente en el tiempo sobre los más jóvenes, que a partir de 2050 hubieran tenido una merma en su pensión mayor a la de quienes se jubilaran en 2030.
Este factor, inicialmente previsto para entrar en vigor en 2019 y suspendido hasta 2023, hubiera supuesto un recorte de 291 euros para una pensión de 1.500 euros de un trabajador que se jubilara a los 67 años en 2070 y de solo 101 euros para quien en las mismas circunstancias se jubilara en 2030, según los cálculos presentados por Escrivá.