Madrid, 17 dic (.).- El Gobierno español está en contacto con la Comisión Europea (CE) para aclararle cualquier cuestión sobre las medidas que ha adoptado para paliar la subida de los precios de la electricidad, después de que las autoridades comunitarias le pidieran explicaciones sobre algunas que, en su opinión, pueden afectar al mercado y la competencia.
Así lo han indicado este viernes fuentes del Ejecutivo, después de conocerse la respuesta por carta de la comisaria europea de Energía, Kadri Simson, a otra misiva que enviaron las ministras de Economía, Nadia Calviño, y de Transición Ecológica, Teresa Ribera, una respuesta que este viernes publica El Confidencial.
Según las fuentes del Gobierno, es habitual que la CE pida aclaraciones sobre medidas adoptadas, así como sobre otros asuntos que, en relación con esas medidas, puedan haber sido suscitados por terceros.
Las mismas fuentes han asegurado que están en estrecho contacto con los servicios de la CE y confían en que todas las cuestiones queden aclaradas.
En la carta que la comisaria envía a Calviño y Ribera, en nombre de los vicepresidentes de la CE, Frans Timmermans y Margrethe Vestager, se piden explicaciones sobre los reales decretos-ley que el Gobierno español aprobó en septiembre y octubre.
En el anexo incluido en la misiva, la CE advierte de que la medida para reducir el exceso de beneficios que las compañías de generación que no producen con gas obtienen por el alza de sus precios, al ser la tecnología más cara la que marca el precio que cobran todas las demás en el mercado mayorista, puede socavar los incentivos a la inversión para proyectos de descarbonización, así como la estabilidad del marco regulador de las energías renovables.
Además, señala que con ello sólo se consigue una rebaja de precios limitada para los consumidores, al tiempo que advierte de que la CE está evaluando si las medidas contienen elementos de ayuda estatal.
La CE se muestra de acuerdo con la ampliación del bono social y el bono social térmico para paliar el impacto del encarecimiento de la luz en los consumidores más vulnerables, aunque cuestiona que se limite la tarifa de último recurso de gas, ya que "no se puede confirmar que el cambio refleje plenamente el requisito de proporcionalidad y no discriminación", y hay riesgo de que se pueda "falsear la competencia efectiva del mercado minorista".
También se refiere a los contratos a plazo, para los que habrá un calendario de subastas, en lo que los vendedores serán los operadores dominantes en generación y los compradores las comercializadoras que no pertenecen a grupos considerados operadores principales del sector eléctrico.
La carta que firma la comisaria de Energía apunta que esta medida debe ser investigada, pues no se sabe si alguna empresa de la UE puede participar en las subastas a largo plazo propuestas, ya que de no ser posible se podría incurrir en una restricción implícita a las exportaciones de electricidad.
Además, considera que con esta medida se restringe la libertad de las empresas a la hora de vender su electricidad en el mercado que elijan.