Madrid, 27 abr (.).- El Gobierno confía en que España pueda tener una norma hipotecaria acorde con las exigencias europeas, algo que no depende sólo del Ejecutivo, antes de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie al respecto.
En estos momentos, han explicado a Efe fuentes del Ministerio de Economía, se busca el consenso necesario para superar el trámite parlamentario, con el objetivo de que España incorpore completamente la normativa europea sobre créditos hipotecarios.
España lleva retraso en la trasposición de esta directiva porque durante todo 2016 el Gobierno estuvo en funciones y no pudo avanzar en esta materia, extremo que ha pasado por alto Bruselas.
Y es que la Comisión Europea ha decidido hoy llevar a España, así como a Croacia, Chipre y Portugal, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber incorporado "completamente" en su legislación la normativa común sobre créditos hipotecarios.
Los países tenían de plazo hasta el 21 de marzo de 2016 para trasponer la ley, precisó en un comunicado el Ejecutivo comunitario, que ya había pedido formalmente a estos países en 2015 que implementasen la directiva.
El objetivo es "crear un mercado de crédito hipotecario en toda la Unión con un nivel elevado de protección de los consumidores", indicó la Comisión, que considera que la no aplicación de la ley europea en los Estados miembros da lugar a que los consumidores no dispongan de su protección cuando suscriben sus préstamos hipotecarios o cuando tienen dificultades para reembolsarlos.