Bruselas, 2 jun (EFE).- España defenderá la competitividad de puertos como el de Valencia y Algeciras o de las islas Canarias y Baleares en las políticas europeas de descarbonización, aseguró la ministra española de Transportes, Raquel Sánchez, a su llegada a un consejo de ministros europeos del ramo.
"Defendemos la competitividad de nuestros puertos y, por supuesto, que se atiendan las singularidades de las islas Canarias y Baleares", dijo Sánchez, de cara a un debate en el que los ministros analizarán los "retos del cambio climático en los sectores aéreo y marítimo y el despliegue de infraestructura de recarga en los Estados miembros".
Se espera que los Estados miembros aprueben este jueves su "orientación general" en varios reglamentos, entre ellos uno para la descarbonización progresiva del transporte marítimo en la Unión Europea entre 2025 y 2050, que más adelante deberá negociarse con el Parlamento Europeo.
A petición de España, según fuentes diplomáticas, este ha sido modificado respecto a la versión inicial presentada por la Comisión Europea para que no dañe los intereses de puertos en la península ibérica o de las islas españolas.
La normativa, denominada "FuelEU Maritime", persigue que los barcos que lleguen a la UE tengan que limitar progresivamente sus emisiones de CO2.
Pero existía el riesgo de que las navieras desviaran sus rutas de larga distancia para atracar en puertos del norte de África cercanos a la UE antes de tocar tierra europea, de forma que los barcos estuvieran sometidos a requisitos climáticos menos exigentes.
Por ello, la normativa que se espera apoyen los Estados miembros considera "puertos fantasmas" aquellos situados a menos de 300 kilómetros de la Unión Europea, como el de Tánger (Marruecos), de manera que a los barcos que atraquen en ellos les exija lo mismo que a los que viajen directamente a territorio europeo.
El reglamento, en su redacción actual, también incluye cláusulas para que las islas baleares no pierdan competitividad, por lo que tendrían requisitos menos estrictos, y para proteger también a las regiones ultraperiféricas como Canarias, exentas hasta 2030 de exigencias para los buques portacontendores y ferris.
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