Madrid, 19 jun (.).- España ha rubricado este miércoles, en Malta, el convenio sobre los efectos internacionales de las ventas judiciales de buques, junto con Italia, Croacia, Malta, Costa de Marfil y Antigua y Barbuda, países que se suman a los que lo hicieron en el primer acto de firma que tuvo lugar en Pekín en 2023.
El objetivo de este convenio es establecer entre los estados participantes la transmisión de la propiedad libre de cargas para el comprador y el efecto transfronterizo automático de la venta judicial del buque, ha informado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en un comunicado.
El convenio, firmado por el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, concede un certificado de venta judicial al comprador del buque que supone un salvoconducto que permita reconocer los efectos transfronterizos de la venta judicial, ha explicado el ministerio.
El propósito del certificado es dar soporte documental al nuevo propietario ante la autoridad de otro estado y que los buques puedan navegar y atracar en puertos de países contratantes del convenio libres de ser embargados.
La presentación del certificado de venta judicial será suficiente para su liberación.
Con la ratificación del convenio, España se sitúa entre los estados cuyas ventas judiciales de buques serán reconocidas en otros países parte, lo que "da seguridad" a todos los actores de la operación (acreedores, compradores o armador, entre otros).
En concreto, a los compradores les da seguridad para poder participar en subastas judiciales sobre los buques, lo que, a su vez, incrementará, con cierta seguridad, el precio de la venta y, por tanto, también un mayor número de acreedores verán satisfechos sus créditos con el producto de la venta.
La venta judicial de un buque es la etapa final de cualquier procedimiento judicial en el que se reclaman deudas marítimas al armador o al propietario y, una vez terminado este proceso, es el buque el que debe saldar las deudas pendientes.
De esta manera, al producirse la venta, las diferentes jurisdicciones deberían reconocer la cancelación de todos los gravámenes que pudieran recaer sobre el buque.
El problema surge cuando los tribunales de otro país no reconocen la venta judicial del buque llevada a cabo en otro estado y proceden a su embargo por deudas anteriores a la fecha de adquisición por el comprador.
Esto es debido a que las leyes nacionales de los diferentes países varían en la forma en que regulan la venta judicial.
Por tanto, la firma de este convenio "trata de paliar esta situación de inseguridad jurídica en el ámbito internacional y proporcionará un título de propiedad limpio de toda carga económica o deuda anterior a la compra del buque", ha destacado el ministerio.