Madrid, 20 abr (.).- El director general del Tesoro, Pablo de Ramón-Laca Clausen, ha señalado este miércoles que en España se gestionan alrededor de 70.000 millones de euros con criterios medioambientales a través de unas doscientas instituciones de inversión colectiva.
De Ramón-Laca ha participado en la jornada "Hacia un Plan Nacional de Finanzas Sostenibles: La Inversión Sostenible y Responsable, clave para las empresas", organizada por Pacto Mundial de Naciones Unidas España y Spainsif.
En este evento, el director general del Tesoro ha comentado las directrices generales del Plan Nacional de Finanzas Sostenibles, que se articula en varios principios, como asegurar la transformación del sector financiero, tanto público como privado, hacia la neutralidad climática, lo que servirá para mejorar su competitividad.
Otros fines que busca ese plan, que se fundamenta en las directrices europeas, se basan en la necesidad de reorientar la economía para que se ajuste a los principios del acuerdo de París, que entró en vigor en noviembre de 2016 y que promueve la actividad baja en carbono.
También, según de Ramón-Laca, se pretende impulsar las finanzas sostenibles a nivel internacional y europeo, para lo que se seguirá la hoja de ruta propuesta por el G20.
Además, el Plan Nacional de Finanzas Sostenibles quiere promover a España como emisor de instrumentos sostenibles, para lo que se mejorarán las características de los bonos verdes, y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) seguirá impulsando en el mercado deuda que cumpla con criterios acordes a los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG, en inglés).
Las pymes también serán objeto de ese plan con el propósito de acompañarlas en su transformación para que sean sostenibles, reciban financiación a coste reducido y puedan afrontar los riesgos del cambio climático, ha asegurado el director general del Tesoro.
Otros aspectos del proyecto se basan en "generar conocimiento y sensibilización", para lo cual se creará el foro español de finanzas sostenibles con el fin de definir retos e impulsar políticas, y también en fomentar la educación financiera entre la ciudadanía.
Asimismo, en promover la coordinación entre ministerios y la elaboración de un estudio bianual de los riesgos derivados del cambio climático y la transición energética por los supervisores de los mercados a partir de los informes que emitan las empresas.