Bruselas, 23 abr (.).- España y Bélgica abogaron este viernes por que la futura reforma de las normas europeas de disciplina fiscal se aproveche para crear un entorno productivo para las inversiones en la Unión Europea (UE) también en el ámbito social y por tener en cuenta esta dimensión al usar el fondo de recuperación tras la pandemia.
Ambos países publicaron un documento conjunto de cara a la cumbre social organizada por la presidencia portuguesa de la UE el próximo 7 de mayo en Oporto, que reunirá a jefes de Estado y de Gobierno, agentes sociales y otras partes interesadas para debatir sobre cómo reforzar esta dimensión social europea.
"En el contexto de la revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, debemos asegurar que impulsamos un entorno para las inversiones productivas también en el campo social y la protección social", dice el documento, publicado por la Representación Permanente de España ante la UE.
En el mismo, ambos países abogan además por mantener activada la cláusula de salvaguarda, que suspende de facto la aplicación de estas reglas "tanto tiempo como prevalezca la crisis" del covid-19.
Esta cláusula se activó por primera vez en marzo de 2020 para permitir que los países pudiesen desviarse de sus metas de déficit y deuda para acometer el gasto necesario frente a la pandemia y seguirá en vigor al menos en 2021.
Los Estados aún deben decidir si mantienen esta suspensión de las reglas en 2022, como ha propuesto la Comisión Europea y, en paralelo, se retomará, previsiblemente en la segunda parte de este año, la revisión de estas reglas que se consideran demasiado complejas y poco actualizadas.
España y Bélgica defienden en el documento que el Pilar de Derechos Sociales de la UE es una "brújula fundamental" para las políticas sociales, de empleo y educación de la UE y que su implementación debe acelerarse debido a la pandemia.
En este sentido, defienden que un paso esencial para lograr estas ambiciones debe ser el uso del fondo de recuperación europeo. "La transición digital y verde debe ir de la mano de la inversión social", afirman.
Para promover la movilidad social abogan por alentar la formación continúa, la creación de empleo, la innovación, el emprendimiento y los nuevos métodos de trabajo, "mientras se refuerzan los derechos sociales de los trabajadores, los sistemas de seguridad social, la salud y seguridad y la sosteniblidad medioambiental".
Asimismo, consideran "crucial" crear una base europea para los sistemas de desempleo que contribuya a la estabilización económica y la solidaridad, "basándose en una evaluación exhaustiva" de la experiencia del fondo contra el paro puesto en marcha por la pandemia, bautizado como SURE.
España se ha mostrado en el pasado partidaria de un seguro europeo de desempleo y algunos ven en el SURE un posible embrión para un mecanismo de este tipo.
Madrid y Bruselas piden, por otra parte, "ambición" en las recomendaciones de la Comisión sobre el salario mínimo y la Garantía Infantil, y abogan por centrarse "en un número bien escogido de iniciativas legales".
Estas incluirían un marco de derechos laborales en el contexto de la digitalización, el derecho a la formación continúa para trabajadores de todas las edades y una directiva sobre trastornos musculoesqueléticos.
La inicitiva hispano-belga -un documento que no tiene carácter legislativo, sino que busca impulsar intereses comunes- llega después de que España y Países Bajos se aliasen recientemente para abogar juntos por una mayor autonomía estratégica europea.
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