Buenos Aires, 25 jul (EFE).- Pensionistas españoles residentes en Argentina han hecho causa común para recurrir ante los tribunales del país por la "pesificación" forzosa de las pensiones del Estado español que recibían en dólares o euros, resultado del "cepo al dólar" decretado por el Gobierno de Cristina Fernández.
"Hemos recibido más de mil denuncias y seguimos recibiendo muchas nuevas cada día. Todas las pensiones extranjeras pasaron a cobrarse en pesos a partir de julio, una decisión que ha afectado a unas 80.000 personas, en su mayoría españoles e italianos", detalló hoy a Efe el Defensor de la Tercera Edad de la ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino.
El conflicto responde a las últimas medidas adoptadas por el Gobierno argentino para "desdolarizar" la economía y limitar el uso de las divisas en el país, lo que ha disparado el valor del dólar en el mercado negro, donde la moneda estadounidense ha llegado a cotizar hasta un 40 por ciento más que en el mercado oficial.
Hasta ahora, los beneficiarios de prestaciones procedentes del exterior podían recibirlas en euros o dólares, lo que les permitía sortear parcialmente la elevada inflación en Argentina, que consultoras privadas sitúan en el 25 por ciento.
En el caso de la comunidad española residente en Argentina, la medida afecta a cerca de 25.000 pensionistas, tanto de prestaciones contributivas como no contributivas y perceptores de ayudas individuales de otro tipo que, en conjunto, reciben unos 50 millones de euros al año.
"Cobraba una pensión de vejez de 570 dólares cada tres meses y lo poco que podía lo ahorraba, porque si ahorras en pesos llega un día en que no valen nada", explicó Joaquín Ocaña, de 80 años, quien llegó a Argentina en 1948.
A su juicio, la pesificación es "ilegal", pero "hay que esperar a ver qué pasa en los tribunales" y cómo evoluciona una crisis económica mundial que amenaza su pensión.
El Defensor de la Tercera Edad de la capital argentina señaló a Efe que recurrirán a la Justicia en agosto, tras el receso invernal, y una vez agotada la etapa de consultas a todas las instituciones implicadas.
"Hemos requerido información a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y al Banco Central, pero éste nos remite a circulares que ya emitió en su momento", indicó Semino.
El funcionario explicó que la Administración estatal justifica su actuación en una directiva que se refiere a la fuga de divisas, pese a que en este caso se trata precisamente de lo contrario, de la entrada de divisas.
Para avanzar en la demanda colectiva, el Defensor mantiene un estrecho contacto con los representantes de las comunidades afectadas, especialmente la italiana y la española, representada por la presidenta del Consejo de Residentes Españoles, Maite Michelón, quien confía en evitar que la "pesificación" llegue a convertirse en ley.
"Uno con su dinero hace lo que quiere, y si su país le manda una moneda que la reciba como tal", argumenta Michelón, quien ha iniciado una campaña para impulsar una protesta entre los afectados y ha recogido por ahora 360 denuncias, que se sumarán a las más de mil que ha recibido de forma directa la Defensoría de la Tercera Edad.
Una de esas denuncias la firmó la andaluza Pilar Prado, que cobra una pensión de viudedad trimestral del Estado español por valor de 636 dólares, y considera "un abuso" la decisión del Banco Central argentino.
"En pesos se me ha quedado en 2.600, he perdido unos 1.000", lamentó Prado, en alusión a la brecha existente entre el cambio oficial aplicado a su pensión y el que se puede obtener en el mercado negro.
"Si usted lo cobra en moneda extranjera, uno se puede arreglar de alguna manera, con el peso argentino es imposible. Para colmo, mi familia se ha vuelto a España", remarcó Prado, que se quedó viuda hace 13 años.
"Se trata de una noticia lamentable e injusta porque perjudica a personas ya de por sí muy vulnerables. Hay casos en situaciones desesperadas, porque están enfermos y los hijos no los pueden sostener, así que esperamos frenarlo", remató la gallega Estrella Sánchez, integrante de la Federación de Sociedades Españolas de Argentina. EFE