Madrid, 2 mar (.).- Las directrices generales de la Estrategia de Desarrollo Sostenible contemplan abordar los cambios normativos necesarios para reformar el mercado eléctrico, poniendo fin a la sobrerretribución que reciben en el mercado mayorista determinadas tecnologías, "cuyos efectos sobre los altos costes de la electricidad en España merece una atención prioritaria".
El Consejo de Ministros ha tomado en consideración este martes las directrices de esta estrategia, un documento en que se recoge el núcleo de lo que será la futura Estrategia, que se aprobará en los próximos meses y que será la herramienta del Gobierno para que España cumpla con la Agenda 2030, la hoja de ruta para el desarrollo firmada por los estados miembros de la ONU en 2015.
En el documento aprobado hoy, se hace referencia a la reforma del mercado eléctrico mayorista, cuyo sistema es marginalista, es decir que la demanda se cubre primero con las tecnologías más baratas y después se incorporan progresivamente otras más caras, pero al final todas cobran el precio de la última que haya entrado, que es el más alto, incluidas aquellas que tienen menor coste en la generación, como la hidráulica y otras renovables.
A la diferencia entre el precio de producción y los ingresos obtenidos con la energía en el mercado se les denomina "windfall profits" (beneficios caídos del cielo) y Podemos, cuyo secretario general es vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, el departamento encargado de elaborar la Estrategia, siempre ha defendido la desaparición de esa sobreretribución que disfrutan las compañías eléctricas.
El precio de la electricidad en el mercado mayorista tiene un peso de casi el 35 % en la tarifa regulada o Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), lo que tiene su reflejo en el recibo de la luz de los consumidores acogidos a ella.
MODELO AUTOMÁTICO DE CONCESIÓN DEL BONO SOCIAL
Por otra parte, las directrices de la Estrategia de Desarrollo Sostenible consideran que hay que avanzar hacia un modelo automático en la concesión de la prestación del bono social (el descuento en la factura de la luz que tienen los consumidores calificados de vulnerables), "sin que medie la necesidad de hacer frente a los costosos trámites burocráticos actuales que suponen una barrera para el acceso".
Además, la Estrategia señala que este modelo de prestación debe contemplar la "universalidad de fuentes de suministro" y no sólo la electricidad.
También dice que hay que revisar los umbrales de renta y demás circunstancias que posibilitan el acceso a esta protección "para asegurar que su diseño responde de forma efectiva a la verdadera dimensión del problema y a los grupos de población afectados".
EL SUMINISTRO MÍNIMO VITAL
Asimismo, el documento dice que se profundizará en los mecanismos para proteger a los consumidores vulnerables de los cortes de suministro, a través de figuras como el suministro mínimo vital y el principio de precaución.
En las directrices de la Estrategia, se dice también que es necesario aplicar, paralelamente al despliegue de las renovables, criterios de transición justa en las zonas afectadas por el cierre de instalaciones contaminantes.
El documento considera que "el contenido del derecho a una vivienda adecuada no puede desvincularse del acceso a ciertos servicios indispensables para el desarrollo de la vida en condiciones de dignidad, como son el agua o la electricidad".
Recuerda que en 2019 el 7,7 % de la población no podía mantener su vivienda a una temperatura adecuada, un porcentaje que se elevaba hasta el 25 % en el caso de los hogares situados en el décimo y último escalón de menor renta.
Las directrices señalan que esto "pone en evidencia la persistencia de situaciones de vulnerabilidad y pobreza energética en nuestro país que aún nos alejan del cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible número 7" (acceso a una energía asequible y no contaminante).
El documento recuerda que España, pese a las reformas introducidas en los dos últimos años en el mercado eléctrico, "es el quinto país de la UE con la factura eléctrica más cara", por lo que es necesario "intensificar los esfuerzos puestos en marcha para la reducción de la factura eléctrica".