Madrid, 21 oct (.).- El presidente de la patronal de concesionarios Faconauto, Gerardo Pérez, ha asegurado hoy que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 pone "trabas" y no aborda las reformas que necesita el sector de la automoción para salir de la crisis que ha provocado la pandemia.
Pérez ha hecho esta afirmación en la inauguración del IV Observatorio de la Postventa Oficial que hoy celebra la patronal que preside.
Según ha explicado, el momento actual está lleno de "retos y dificultades", pero también de oportunidades que deben aprovechar los concesionarios oficiales, que emplean a 76.000 personas en la posventa (venta de recambios, carrocería y mecánica), por la que facturan unos 4.000 millones de euros al año, lo que la convierte en una actividad "esencial".
Por ello ha criticado que ahora, en el debate de los presupuestos, se hable de cobrar por el uso de las autovías, en una especie de "cruzada contra el automóvil que no entendemos, cuando la democratización del transporte vino de la mano del automóvil", ha recordado.
En su opinión hay que trabajar "denodadamente" para que el coche "no sea un artículo de lujo en el futuro", en referencia a que la "infalible" Europa quiere que 2035 todos sean eléctricos.
Para Pérez esto es "matemáticamente imposible" y ha puesto como ejemplo a España, donde ha dicho que, para que solo circulen en 2050 eléctricos puros, se necesitan vender en los próximos años "25.800.000 coches. Quedan 29 años y hay que vender 850.000 coches al año eléctricos puros".
Sin embargo, ha advertido, este año solo se van a vender 23.000, con lo que se genera una "mochila de 827.000 coches" para cumplir el programa.
"Alguien piensa que eso matemáticamente puede ocurrir en un país donde la renta per cápita son 23.000 euros al año. A lo mejor es que no queremos atacar los temas importantes de fondo de nuestra economía y es que las familias tienen que vivir con 23.000 euros, cuando en Noruega son 46.000 euros", ha afirmado el presidente de Faconauto.
A lo mejor hay que atacar eso para que luego, por añadidura, la gente pueda comprarse un coche, ha reiterado Pérez, quien ha emplazado al Gobierno a que acometa las reformas necesarias y no prohíba lo que la gente puede tener.
También ha criticado que la subida de la luz haya provocado a los 5.200 concesionarios oficiales que hay repartidos por España que su factura haya pasado de 60 millones a 150 millones.
Otro de los problemas "transversales" que ha enumerado es la crisis de microprocesadores, de la que ha subrayado que se alargará hasta el verano de 2022, por lo que ha pedido a los fabricantes -que están obligados a suministrarles coches y servicios- a rebajarles las previsiones de negocio y las inversiones que les piden.
Al respecto, ha reclamado que Europa recupere la producción de ciertos elementos estratégicos (como los chips) que se han dejado en manos de Asia.
Debido a que la industria del automóvil se enfrenta a una disrupción, en la que se está produciendo la concentración de concesionarios y se está potenciando el vehículo conectado y eléctrico, ha exigido que la velocidad de implementación de la transformación se adecue al cliente, así como la fiscalidad, porque en enero no puede subir el impuesto de matriculación cuando las ventas de vehículos nuevos están cayendo un 30 %.