Sevilla, 12 ago (.).- La organización de consumidores Facua ha planteado este jueves al Gobierno un decálogo de medidas para bajar las tarifas y proteger los derechos de los usuarios frente a los "abusos" del sector eléctrico.
Según un comunicado de la asociación, hacer frente a la pobreza energética de una manera "eficaz" y garantizar el acceso al suministro eléctrico a unos precios "razonables" debe ser prioritario para el gobierno y una "obligación" de servicio público para las empresas eléctricas.
Así, Facua reivindica una reforma del sistema de fijación de precios en el mercado mayorista, de manera que determinadas tecnologías de generación eléctrica salgan de la subasta diaria y se sometan a un sistema de precios máximos fijados por el Gobierno.
También propone la puesta en marcha de un nuevo bono social que represente un descuento de al menos el 50 por ciento de la factura para las familias cuyos ingresos no superen dos salarios mínimos, que se elevarían hasta tres en función del número de hijos, discapacitados, dependientes o mayores de 65 años.
Otra reivindicación es la coordinación entre gobierno, comunidades y ayuntamientos para la articulación de un procedimiento mediante el cual -a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, rentas mínimas de inserción y beneficiarios de ayudas y prestaciones sociales del ámbito local- se les incorpore en el procedimiento y resolución de concesión la garantía de acceso a suministros básicos como la luz.
Asimismo, reclama la bajada del IVA con carácter permanente, la recuperación para el Estado de las concesiones de centrales hidroeléctricas que caduquen para integrarlas en una empresa pública de energía y la prohibición de cortes de suministro por razones económicas a los consumidores vulnerables.
Igualmente, exige una auditoría al sistema eléctrico para determinar si las compañías inflaron los precios y, con ellos, el déficit de tarifa, con el fin de que reembolsen los 3.500 millones de euros que cobraron "indebidamente" en conceptos de Costes de Transición a la Competencia.
El control de las ofertas fraudulentas mediante mecanismos de control coordinados entre el gobierno y las comunidades autónomas, la bajada sustancial del término de potencia y la reestructuración de los tramos horarios completan las reivindicaciones de Facua.