Ciudad de Panamá, 9 jul (.).- La Fiscalía de Panamá anunció este viernes que pidió llamar a juicio por delitos de peculado y corrupción a 11 personas físicas y una jurídica por un proyecto vial de la constructora española FCC (MC:FCC) con un supuesto sobreprecio del 19,3 % o 41,7 millones de dólares.
El Ministerio Público (MP, Fiscalía) indicó que la Fiscalía Especial Anticorrupción, remitió el llamamiento "luego de concluir la investigación que guarda relación con el contrato" del proyecto de "Reordenamiento vial, denominado Vía Brasil, Tramo II" en la capital panameña.
La Fiscalía, que no identificó a nadie en su anuncio público, pidió enjuiciar por "peculado" o malversación de caudales públicos a 11 personas, entre ellas dos exfuncionarios públicos y uno actualmente en funciones; a seis de éstas se les suma "corrupción de servidores públicos", incluidos los dos exfuncionarios y a una persona, además de los dos delitos, se le añade blanqueo de capitales.
Para la persona jurídica se solicitó el llamamiento a juicio por delitos contra la Administración pública, indicó el MP en un comunicado, en el que no se revela la identidad de ninguno de los imputados.
El contrato investigado, recordó la Fiscalía, fue suscrito en julio de 2011, durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la española Constructora Fomento de Construcción y Contratas S.A. (FCC).
Las investigaciones arrancaron en 2017, cuando un informe de auditoría remitido a la Fiscalía concluyó que el acuerdo tenía un presunto sobrecoste del 19,3 %, lo que equivale a 41.761.011 dólares, según confirmó este viernes el Ministerio Público.
El precio final del proyecto tuvo un valor de 216,3 millones de dólares, y el precio razonable, de acuerdo con el informe de la Contraloría, debió ser de 174,5 millones, según datos de la prensa local.
ANTECEDENTES
Según datos de la Fiscalía, en esta pesquisa existen 14 declaraciones de funcionarios y ex funcionarios de los Ministerios de Obras Públicas y de Economía y Finanzas, de la Contraloría, y otra de un trabajador bancario, además de peticiones de asistencias judiciales a Suiza (2), Costa Rica (1) y Países Bajos (1).
En febrero de 2020, un Tribunal Superior de Panamá anuló los acuerdos de colaboración entre la Fiscalía y exdirectivos de FCC, enmarcados en una investigación por pago de sobornos y sobrecostes por más de 100 millones de dólares en obras viales en la capital panameña.
La sentencia también anuló la decisión de diciembre de 2019 del Juzgado Undécimo Penal que declaró causa compleja el caso de FCC y otorgó a la Fiscalía un año más para seguir la investigación.
El argumento fue que el juzgado penal declaró la causa compleja mientras no se había aún resuelto una solicitud de acumulación de otro caso relacionado con FCC radicado en el mismo juzgado, presentada en septiembre de 2019 por el exministro de Obras Públicas Federico Suárez.
Suárez es uno de los imputados en el caso del plan de reordenamiento y quien habría pedido a FCC una "coima del 10 %", según confesiones de los exejecutivos de FCC Julio Casla y Eugenio del Barrio filtradas a la prensa local.
La constructora también es investigada en España por el pago de 82 millones de dólares en sobornos para obtener los contratos del Metro de la capital panameña, que construyó junto a Odebrecht, y de la ciudad hospitalaria, como explicó la misma empresa ante la Audiencia Nacional.
Por este caso, la Audiencia Nacional ordenó en abril pasado investigar al expresidente Martinelli por presuntos delitos de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de dinero producido, al menos parcialmente en España, en una causa en la que ostentará la condición de investigado, es decir imputado.