MADRID (Reuters) - La agencia de calificación de crédito Fitch Ratings dijo el viernes que la injerencia política sigue siendo un riesgo en el sector de gas español pese al intento fallido del Ministerio de Energía español de adelantar una revisión de tarifas encaminada a recortar los ingresos regulados de las empresas del sector.
Este conato provocó fuertes pérdidas a prácticamente todo el sector energético español, especialmente a empresas con mayor exposición al gas. Enagás (MC:ENAG) ha perdido en el último mes un 14,5 por ciento, Gas Natural (MC:GAS) ha caído un 11 por ciento, Endesa (MC:ELE) se ha dejado más del 9 por ciento e Iberdrola (MC:IBE), un 7 por ciento.
Red Eléctrica (MC:REE), cuyos ingresos como Enagás son mayoritariamente regulados, perdió un 12 por ciento por el temor a un contagio al sector eléctrico.
"La decisión del Gobierno español de posponer la aprobación de recortes tarifarios para los operadores de redes de gas y de adelantar la revisión regulatoria del gas a 2019 desde 2021 no cambia la opinión (de Fitch) de que el riesgo de interferencia regulatoria en el sector sigue siendo más alto que en otras jurisdicciones y podría dañar los perfiles de ingresos de las compañías", dijo la agencia.
"La situación pone de relieve las potenciales consecuencias que tiene la falta de un regulador independiente con un enfoque transparente y consultivo", agregó.
Pese a que la CNMC es el organismo supervisor del mercado del gas, el departamento de Álvaro Nadal quería introducir estos cambios en forma de enmienda a una ley de medidas urgentes contra la sequía en España, pero Moody's destaca que se cayeron del texto final por la controversia generada en el sector y la falta de apoyos de los partidos de la oposición.
"Sin embargo, la propuesta del ministerio refleja el deseo del Gobierno de reducir el peso de los costes regulados en el sistema y de restablecer el equilibrio entre costes e ingresos a costa de las empresas, en un enfoque similar al de julio de 2014", dijo Fitch, recordando la última reforma del sector.
Una fuente con conocimiento de la situación dijo a Reuters el mes pasado que el Gobierno también quería introducir cambios similares en el sector eléctrico, que sufrió fuertes recortes en la amplia reforma eléctrica de 2013.
En los últimos años, el sector energético español se ha visto sometido a una vorágine de cambios legislativos que han llegado incluso a tribunales internacionales y llevado a los operadores a pedir estabilidad regulatoria.
Expertos y actores del sector gasista mostraron sorpresa por el momento elegido por Nadal para aplicar recortes ya que la demanda de gas está creciendo, las medidas podrían provocar litigios en un sector que ha atraído mucha inversión extranjera en los últimos años y no hay graves desequilibrios en la tarifa (el déficit en gas no supera los 100 millones anuales).
"A partir de 2018, el sistema podría conseguir superávit anuales que ayudarían a absorber de forma gradual una deuda pendiente de unos 1.000 millones de euros", dijo Fitch. "Esto no justificaría una intervención para la sostenibilidad del sistema, en nuestra opinión".