Barcelona, 5 oct (.).- El presidente de la patronal Foment, Josep Sánchez Llibre, ha cifrado en entre 200 y 250 millones de euros diarios lo que les cuesta a los catalanes la huelga de maquinistas en Cercanías y ha pedido al Govern que aproveche la fuerza que tiene en la negociación de los presupuestos generales del Estado para cerrar su traspaso.
En una entrevista en Catalunya Ràdio, Sánchez Llibre ha calificado de "grave irresponsabilidad" del sindicato de maquinistas Semaf el incumplimiento de los servicios mínimos que está provocando el caos en las Cercanías de Barcelona.
Por ello, ha pedido a Renfe que tome medidas "coercitivas" y que abra expediente disciplinarios a los maquinistas que incumplen los servicios mínimos. Además ha propuesto, si es necesario, que contrate a personas ajenas a la plantilla ante la urgencia de la situación, que está afectando a los 400.000 usuarios diarios de Cercanías.
"Respetamos el derecho de huelga y el de no perjudicar a los trabajadores, pero ésta es una situación inadmisible", ha insistido.
Sánchez Llibre ha señalado que está convencido de que Cercanías funcionaría mejor si la Generalitat tuviese su gestión total, lo que incluiría el traspaso de trenes, de personal y de infraestructuras, porque ya se ha demostrado la "ineficacia" en la gestión del servicio por parte de la administración del Estado.
En este sentido, ha dicho que el gobierno catalán tiene una "nueva oportunidad" para conseguirlo y ha pedido a ERC y JxCat que se pongan de acuerdo para exigirlo cuando negocien su voto a los presupuestos generales del Estado.
El presidente de Foment también se ha mostrado convencido de que se ha abierto un nueva "ventana de oportunidad" para ampliar el aeropuerto de El Prat tras la propuesta de resolución aprobada por el PSC y JxCat en el Parlament.
Por ello, ha pedido a las dos administraciones que vuelvan a reunirse y que consensúen el mejor proyecto técnico para la ampliación respetando la sostenibilidad del territorio, a la vez que se ha mostrado convencido de que no habrá que esperar cinco años a empezar su ampliación.
Además, considera que la administración del Estado les está "engañando" al no cumplir con las inversiones previstas en Cataluña.