Bruselas, 18 jul (.).- Un grupo de fondos de inversión que perdieron más de 850 millones de euros que tenían en bonos con la resolución del Banco Popular (MC:POP) estudian demandar tanto a las instituciones europeas como al FROB español por la operación.
Este grupo de inversores, del que forman parte Pimco, Anchorage, Algebris y Ronit Capital, tampoco excluye emprender acciones a largo plazo contra los directivos de Banco Popular si emergen pruebas de delito por su parte, dijeron hoy fuentes próximas al caso.
Por el momento, sin embargo, los fondos estudian impugnar la adopción y la implementación de la resolución.
Esto les llevaría a recurrir ante el Tribunal General de la Unión Europea las acciones del Banco Central Europeo (BCE), que declaró inviable la entidad, de la Junta Única de Resolución (JUR), que ordenó la operación, y de la Comisión Europea, que la validó; pero también la ejecución por parte del FROB ante los tribunales españoles.
Las demandas, que aún se deben concretar, llegarían antes del 17 de agosto en el caso de la corte europea, que ha fijado esta fecha como límite, y antes del 7 de septiembre frente a la justicia española, indicaron las fuentes.
Para ello, los inversores, representados por la firma de abogados Quinn Emmanuel, han pedido a las instituciones europeas que proporcionen la información sobre la que basaron su decisión, en particular, el informe que la consultora Deloitte presentó ante la JUR.
Este atribuía al banco una valoración negativa que oscilaba entre 2.000 y 8.200 millones de euros pero, en un escenario más positivo, le concedía una valoración de 1.500 millones de euros.
Hasta el momento no han tenido acceso más que a la versión no confidencial de la decisión de la JUR, que elimina mucha por ser comercialmente sensible, afirman las fuentes.
Más allá del argumento de la falta de transparencia, los fondos prevén alegar que la presidenta de la JUR, Elke Koning, violó el secreto profesional al hacer declaraciones a los medios de comunicación sobre el Popular y que esto fue un factor determinante en el deterioro de la situación de la entidad.
En concreto, apuntan que después de que Koning nombrase al Popular entre los bancos "vigilados" en una entrevista con Bloomberg, el precio de la acción cayó un 3,6 % y que, tras las informaciones publicadas en Reuters citando a un cargo europeo respecto a un "aviso temprano" de la JUR sobre el Popular, estas bajaron un 18 %.
Los bonistas también esgrimieron estos argumentos en una carta enviada la semana pasada a la comisión de Asuntos Económicos de la Eurocámara, en la que le pedían inquirir sobre la actuación de la JUR.
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