Atenas, 17 sep (EFE).- La segunda jornada de huelgas en Grecia contra le eliminación de puestos de trabajo en el sector público se inició hoy con forcejeos entre la policía y un grupo de funcionarios de la seguridad social que protestaban ante las puertas del ministerio de Trabajo.
Varias decenas de personas habían organizado esta mañana una sentada ante la sede del citado ministerio, donde un cordón policial protegía la entrada del edificio, cuya puerta había sido cerrada herméticamente con persianas.
La tensión se produjo después de que el ministerio rechazara la solicitud de los manifestantes de entrevistarse con el titular de esa cartera, Yannis Vrutsis, y ofreciera en su lugar una reunión con un director general.
Un grupo de manifestantes se lanzó sobre las persianas e intentó romper el cordón policial, a lo que siguió un forcejeo.
Finalmente, la situación se tranquilizó cuando el ministro accedió a recibir a una delegación de funcionarios, reunión que, según señaló posteriormente un portavoz sindical, no tuvo ningún sentido ya que el ministro no mostró disposición a alcanzar un compromiso.
La protesta de los funcionarios de la seguridad social, al igual que la que están celebrando desde ayer otros colectivos del sector público, se dirige contra el plan del Gobierno de colocar antes de finales de septiembre a 12.500 personas -otros tantos antes del 31 de diciembre- en la llamada movilidad laboral.
Este modelo, pactado con la troika de acreedores, prevé el traslado forzoso o despido de los afectados en un plazo de ocho meses después de haber recibido la orden.
Durante ese periodo el trabajador afectado percibe el 75 % de su salario, pero puede ser trasladado a cualquier otro puesto en el que haya vacantes o bien ser despedido si al término de los ocho meses no se le encuentra hueco.
En declaraciones a Efe, el presidente de la federación de funcionarios de política social, Zanasis Kapotás, afirmó que el problema no se limita únicamente a los 611 empleados afectados en estos momentos por la movilidad laboral en su sector.
"Lo peor llegará en los próximos meses cuando un número indeterminado de puestos de trabajo sean eliminados debido a la reorganización de la administración pública y un número equivalente de funcionarios pasen a la reserva laboral. Ni siquiera el ministro supo decirnos cuántos serán", señaló.
Además, el Gobierno del conservador Andonis Samarás, se ha comprometido a despedir a 4.000 funcionarios este año y a otros 11.000 durante el próximo año. EFE