París, 6 mar (EFE).- El Gobierno francés aprobó hoy un proyecto de ley que flexibilizará su mercado laboral para que las empresas puedan adaptarse más rápido a altibajos en su actividad a cambio de una serie de garantías a los trabajadores, resultado de un acuerdo entre la patronal y una parte de los grandes sindicatos.
El texto adoptado por el Consejo de Ministros, que iniciará con carácter urgente su tramitación parlamentaria a comienzos de abril con vistas a una entrada en vigor en mayo, se enfrenta a la oposición de dos de las cinco grandes centrales sindicaels del país, que ayer habían sacado a las calles a varias decenas de miles de personas.
Por eso el primer ministro, Jean-Marc Ayrault, se esforzó en defender la proposición legislativa insistiendo en que la flexibilidad que introduce en realidad es para que las empresas puedan "anticipar" cuando atraviesan un momento de debilidad para "evitar que la única solución sean los planes sociales" y los despidos.
Ayrault, en declaraciones a la prensa, insistió en que el articulado, que transcribe lo consensuado el pasado 11 de enero entre el Movimiento de Empresas de Francia (Medef) y las tres centrales firmantes (CFDT, CFTC y CGC), "es un acuerdo para el empleo, de protección del empleo".
"Nuestro país no puede salir adelante si no soluciona su déficit y su deuda, pero tampoco si no hace grandes reformas, reformas que son útiles para el empleo, que son útiles para el crecimiento, que son útiles para la igualdad social", argumentó.
Añadió que esas reformas no tendrán éxito repitiendo los "errores de método" del pasado, en alusión al precedente Gobierno conservador, que había utilizado "el método autoritario y la imposición", sino con "el diálogo" y "la negociación" que se había comprometido a alentar el presidente, François Hollande.
También, consciente de que hay reticencias en el ala izquierdista de su propio Partido Socialista (PS) que podrían traducirse en dificultades para la aprobación en el Parlamento.
Una forma de minimizar las protestas organizadas ayer por la Confederación General del Trabajo (CGT, primera central por representatividad en Francia) y Fuerza Obrera, que denuncian un dispositivo desequilibrado que debilita a los asalariados, el valor de los contratos laborales y de los convenios colectivos.
Unos de los principales elementos de la reforma son los "acuerdos de mantenimiento del empleo", a los que las empresas podrán recurrir cuando se den "graves dificultades coyunturales" y les permitirán negociar a la baja el tiempo de trabajo y/o los salarios.
También podrán ser despedidos en las mismas condiciones los que no acepten la movilidad interna que se haya negociado para evitar un plan de reestructuración.
Los empresarios verán reducidos los procedimientos y los plazos para llevar a cabo recortes de plantillas, pero en contrapartida se verán penalizados si recurren a contratos temporales de menos de tres meses (con aumentos en las cotizaciones sociales), con la excepción de los temporeros o las sustituciones.
Otras mejoras para los trabajadores son que de aquí a 2016 se generalizarán el seguro sanitario complementario (que ahora no es obligatorio en las pymes), la conservación de los derechos acumulados al subsidio de paro si se encuentra un empleo o la creación de un derecho a formación personalizada para los parados.
Hollande se ha comprometido a invertir de aquí a finales de año la curva del paro, que lleva creciendo 21 meses seguidos con 3.169.300 personas inscritas en las oficinas de desempleo a finales de enero y una tasa de paro del 10,5 % al terminar 2012. EFE
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