París, 7 jul (.).- El Gobierno francés presentó este jueves un nuevo paquete de medidas para compensar el impacto de la inflación con un coste de 20.000 millones de euros que se suman a los 25.000 que ha gastado desde finales de 2021, pero con el mensaje de que todo tiene un límite y de que las empresas también deben contribuir.
"Debemos y podemos proteger a nuestros compatriotas contra la inflación, pero cuidando las cuentas públicas", subrayó el ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire al anunciar ante la prensa un proyecto de ley sobre el poder adquisitivo al término de un Consejo de Ministros excepcional.
El ministro remachó que "no todo es posible" en términos de gasto porque "hemos llegado a la cota de alerta de las finanzas públicas" y subrayó que este nuevo dispositivo no va a desviar al Ejecutivo de su objetivo de reducir el déficit público al 5 % del Producto Interior Bruto (PIB) en 2022 para seguir bajándolo hasta el 3 % en 2027.
Eso será posible porque este año se esperan conseguir ingresos adicionales por encima de lo inicialmente previsto gracias al impuesto de sociedades (las empresas aumentaron sus beneficios en 2021) y por el incremento de las cotizaciones sociales, ya que el empleo ha subido a niveles históricos.
Le Maire también hizo hincapié en que este nuevo paquete no se va a financiar ni con más deuda, ni con un aumento de los impuestos, sino que por el contrario se va a suprimir el canon que pagan para financiar la radio y la televisión públicas 23 millones de familias (138 euros) y las empresas del sector hostelero.
EL GOBIERNO PEDIRÁ CUENTAS A LAS EMPRESAS
No obstante, el ministro lanzó un mensaje de advertencia en dirección de las empresas y en particular de las que "pueden beneficiarse de la situación", en particular en el sector de la energía o del transporte marítimo, donde los ingresos se han disparado, porque "la carga de la inflación tiene que ser compartida de forma equitativa".
Más allá de pedir con carácter general que las empresas que puedan suban los sueldos de sus empleados, a las de esos sectores les dijo que tienen que compartir sus beneficios con los franceses y avisó de que "haremos las cuentas de aquí a finales de año".
El proyecto de ley sobre el poder adquisitivo prevé en primer lugar prolongar hasta finales de diciembre el llamado "escudo de tarifas" que mantiene congelados para los consumidores particulares los precios del gas desde octubre (que ha evitado un incremento del 50 %) y ha limitado este año el alza de la electricidad al 4 % (en lugar del 35 % que se tendría que haber aplicado).
Ese "escudo", que tendrá un costo de cerca de 15.000 millones de euros este año para las arcas públicas, es el que para el Gobierno explica que la inflación interanual en Francia (5,8 % en junio) sea "la más baja de todos los países de la zona euro".
FIN PROGRESIVO DE LA SUBVENCIÓN A LOS CARBURANTES
La subvención estatal de 18 céntimos de euro por litro de carburante que está en vigor desde el mes de abril se va a mantener hasta el 1 de diciembre pero en una cuantía que va a reducirse progresivamente, ya que pasará a 12 céntimos en octubre y a 6 en noviembre.
Esa subvención, que tiene un efecto indiscriminado y con un costo muy elevado (unos 800 millones de euros mensuales) va a ser sustituida por una ayuda selectiva para los empleados y autónomos que necesitan el coche para ir al trabajo o para sus actividades profesionales a condición de que formen parte del 50 % de la población con los ingresos más bajos.
Esa ayuda única, que potencialmente podría beneficiar a once millones de familias, se pagará a partir de octubre y será de entre 100 y 300 euros en función del nivel de ingresos y de los kilómetros que se tengan que hacer por razones profesionales. Cuenta con una partida de unos 2.000 millones de euros.
Las pensiones y las prestaciones sociales, que en la primera parte del año habían aumentado un 1,1 % y un 1,8 %, respectivamente, tendrán una revalorización adicional del 4 % con efectos retroactivos a patir del 1 de julio
En paralelo, ocho millones de familias con bajos recursos recibirán en septiembre un pago excepcional de 100 euros, a los que se añadirán 50 euros por hijo, para compensar la escalada de los precios alimentarios.
También verán incrementadas sus remuneraciones, en un 3,5 % los funcionarios y el resto de empleados públicos, que ya habían tenido un alza del 1,5 % en la primera parte del año.
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