Madrid, 23 mar (.).- La Fundación Corell ha presentado su proyecto para renovar la legislación española sobre movilidad y financiación del transporte, en el que apuestan por la creación de un Consejo Interterritorial formado por todas las Administraciones.
En el evento, que ha tenido lugar este martes en Madrid, la fundación ha explicado que, a pesar de que la actual ley de transporte es "una excelente norma", ya se encuentra superada, por lo que es necesaria "una nueva regulación integral".
Por ello, la fundación ha elaborado un proyecto con el objetivo de alcanzar un modelo de gobernanza cooperativa dentro de la estructura competencial actual y una planificación integral en el modelo de movilidad.
Además, quieren garantizar que las empresas del sector sean viables y capaces de competir internacionalmente gracias a la seguridad jurídica, la financiación estable y la transición ordenada al nuevo modelo.
Según su proyecto, la futura ley de transporte debería promover un nuevo modelo de gobernanza basado en la responsabilidad compartida del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
Juntas planificarían de forma conjunta e integrada todos los elementos del nuevo Sistema Nacional de Movilidad (SNM), además de procurar una financiación estable al transporte colectivo.
Para ello, defiende la creación de un Consejo Interterritorial con comisiones permanentes y secretario general asistido por otras dos grandes estructuras: la comisión general del SNM (un órgano de participación con todos los agentes sociales y empresariales) y la agencia estatal de evaluación y planificación (un consejo rector de evaluación y planificación).
FOMENTAR LA MOVILIDAD COLECTIVA
Con respecto a la movilidad urbana, su propuesta pasa por fomentar la movilidad colectiva que debe estar planificada de forma conjunta y gestionada por conurbaciones, en lugar de por ciudades.
Además, proponen que en las conurbaciones con más de 100.000 habitantes, la titularidad del servicio público pase a Entidades Titulares del Servicio (ETS), entidades jurídicas independientes que gestionarán toda la movilidad colectiva.
En una rueda de prensa, el presidente del Patronato de la Fundación Corell, Miguel Ángel Ochoa, ha expresado que el objetivo es conseguir una movilidad colectiva integrada en "plataformas multioperador, con tarjetas multimodales".
"Hay que apostar por una gobernanza integrada, en los que los municipios formen parte de ETS que pasen a ser titulares de todos los modos de transporte. Esto dará la posibilidad de que no solo haya tarjetas comunes, sino regulaciones homogéneas", ha afirmado.
INTEGRACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS
La movilidad en el entorno no urbano se ordenará, según su proyecto, a través de Áreas de prestación de servicio (APS) que tendrán como objetivo garantizar la movilidad ciudadana en áreas de baja densidad demográfica.
El proyecto también recoge un cambio en el modelo de los contratos de concesiones de servicio público, que podrán integrar otras infraestructuras, regularán la contratación de suboperadores, recogerá la neutralidad fiscal y el principio de responsabilidad compartida en la financiación.
Con respecto a la movilidad de mercancías, proponen la inserción de este sector en el SNM y en la planificación, que debe ser aprobada por el plan Nacional de Transporte de Mercancías
Además, ofrecen un desarrollo regulatorio del vehículo autónomo de transporte de mercancías, el mantenimiento liberalizado de la logística de última milla y el derecho de acceso a las infraestructuras logísticas a costes razonables.