Buenos Aires, 18 jul (EFE).- El Gobierno argentino anunció hoy que asumirá con personal propio el control del sistema único de boleto electrónico (SUBE) en el transporte público de pasajeros, luego de que suspendiera el contrato para realizar esa tarea a un consorcio encabezado por una firma británica.
El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, confirmó en un rueda de prensa la decisión del Gobierno de Cristina Fernández de dar de baja el contrato con el consorcio liderado por la fima Global Infraestructure, tras detectarse "anomalías" en la contratación que el Ejecutivo no precisó.
Randazzo dijo que las tareas de control del SUBE, basado en tarjetas electrónicas con crédito cargado para poder viajar en autobuses, trenes y el metro, y utilizado por unas 11 millones de personas, será ahora realizada por personal técnico del Ministerio del Interior y de Transporte, "a un costo infinitamente menor".
El Gobierno decidió suspender el contrato y los pagos con el consorcio liderado por Global Infraestructure luego de que investigaciones de la prensa local revelaran que el grupo contratado no tenía la capacidad técnica ni operativa para realizar el trabajo por el que el Ejecutivo le pagaría unos 65 millones de pesos (14,2 millones de dólares).
Al destapar el caso, que está bajo investigación del fiscal Carlos Stornelli, la prensa local descubrió que Global Infraestructure no tenía oficinas reales en Argentina y que en su sede en el Reino Unido funciona en realidad una peluquería.
Al frente de Global Infraestructure figura, según los reportes de medios locales, el consultor inglés Stephen Chandler, quien en declaraciones publicadas hoy por el diario La Nación, de Buenos Aires, aseguró que el contrato, al que tachó de "viciado" y afirmó que "huele a corrupción", fue firmado sin su consentimiento.
Chandler dijo que el contrato contenía "irregularidades", como la inclusión de salarios para personas que no prestarían efectivamente servicios para este proyecto.
El consultor aseguró que advirtió de estas anomalías a sus socios locales en el consorcio -las firmas Ingeniería en Relevamientos Viales (IRV), Iatasa y González Fischer y Asociados (GFA)-, a la Secretaría de Transporte de Argentina y al Banco Mundial (BM), que financió la puesta en marcha de la tarjeta SUBE para el transporte público de pasajeros.
"Lo sabían todos: la Secretaría de Transporte, el BM y, por supuesto mis socios locales. Yo mismo le avisé a Andrés Pizzarro (gerente del BM). Lo llamé y le envié dos cartas advirtiendo que así no se podía firmar el contrato, que había que hacer cambios. Pero nunca me respondió", afirmó Chandler.
"Soy una víctima, me siento usado. Me usaron como una pantalla por mi experiencia y mi prestigio. Es posible hacer negocios en Argentina pero hay un puñado de gente que lo arruina todo. Si este proyecto continuara, cosa que no sucederá, inmediatamente les pediría a todos que firmaran el acta anticorrupción del Reino Unido", añadió. EFE