Managua, 11 jul (EFE).- El Gobierno de Nicaragua está dispuesto a revisar la ley sobre el cobro de un impuesto por el uso de escáneres tras la polémica surgida con los empresarios, mientras los transportistas centroamericanos advirtieron de protestas si es aplicado.
"Estuve con el presidente (Daniel Ortega) en la noche, estábamos viendo los temas presupuestarios, y está de acuerdo que se examinen las propuestas de reformas del Cosep (Consejo Superior de la Empresa Privada)" sobre la ley, dijo el asesor económico de la Presidencia, Bayardo Arce.
La Ley de Escáner, en vigor desde el 28 de junio pasado, manda a cobrar el 0,26 % del valor total de las cargas por inspección no intrusiva en los puestos de aduanas, pero no se aplica porque aún no están instalados los escáneres.
El Cosep calcula que, con la ley tal y como está, cada contenedor pagará en promedio 150 dólares por salir o entrar a Nicaragua, un valor superior a los 18 dólares que se paga como media en el resto de Centroamérica.
A las quejas de los empresarios se unió la Federación Centroamericana de Transporte (Fecatran), compuesta por más de 100.000 transportistas en la región.
Fecatran advirtió que no permitirán un cobro más.
"Si es necesario el uso de la fuerza lo vamos a hacer, pero no vamos a permitir más cobros", advirtió el gremio transportista en una conferencia de prensa realizada en Managua.
El presidente de Fetracan, Marvin Altamirano, dijo que la factura del escáner en Nicaragua es sólo uno más de varios conceptos nuevos en la región.
"En Guatemala Aduana está echando presos a los transportistas, en Costa Rica quieren cobrar 25 dólares por cada vehículo y cinco dólares por persona, en El Salvador lo mismo, ya hemos hablado los transportistas de toda Centroamérica y lo más sensato es hacer un cierre de fronteras si los gobiernos no escuchan al sector", advirtió Altamirano.
La Fetracan dejó claro que apoyan al gobierno de Nicaragua en su lucha contra el contrabando y el crimen organizado, "pero los transportistas no tenemos que pagar por esos controles".
"Todos pagamos impuestos, y los gobiernos están obligados a darnos seguridad, pero no con un costo dirigido al sector", explicó Altamirano.
Altamirano no adelantó fechas de las protestas pues aclaró que primero se reunirá el gremio para tomar una decisión definitiva. EFE