Madrid, 5 may (.).- El Gobierno pretende incentivar el uso de Cercanías ferroviarias con 1.620 millones de euros para recuperar usuarios (cada día viajan medio millón menos que en 2006), contrarrestar el uso del vehículo privado y mejorar la "reducida" valoración de los ciudadanos de este servicio.
En esta línea, cuyas actuaciones afectarán a 800 kilómetros de líneas y más de 850 estaciones con obligación de servicio público, se incluyen inversiones a realizar por Adif, el administrador de la infraestructura ferroviaria, y Renfe, en tanto que operador de los servicios, hasta agosto de 2026.
El llamado "Componente 1 - Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos" incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado este miércoles por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Nadia Calviño, refleja que el grueso de las inversiones en Cercanías se concentran en 2022 (560,7 millones) y 2023 (647,5 millones).
El Gobierno quiere focalizar las inversiones en este terreno por su relevancia en número de usuarios (más de 440 millones de viajeros en 2019) y porque se trata de uno de los medios de transporte urbano menos contaminantes (un 75 % de la red está electrificada y en Madrid y Barcelona un 100 %).
En concreto, Adif contará con 1.502 millones para duplicar y renovar vías, mejorar la electrificación y los sistemas de control, mando y señalización y adecuar estaciones.
Renfe dispondrá de 118,5 millones para la digitalización de los sistemas de seguridad, información y controles de acceso de las estaciones ferroviarias donde se prestan servicios de Obligación de Servicio Público (OSP).
MEDIO MILLÓN DE USUARIOS DIARIOS MENOS QUE EN 2006
Las inversiones -superiores a las de las últimas dos décadas en las principales ciudades- se destinarán a mejorar la puntualidad, la fiabilidad y la información, aumentar el universo de usuarios y mejorar la accesibilidad y la calidad.
Los 443 millones de viajeros transportados en Cercanías en 2019 son un 8 % menos que los 477 millones del máximo alcanzado en 2006 (medio millón de usuarios menos cada día), caída que se produce a la vez que subieron las compras de turismos y motos (17 % y 75 % respectivamente) en ese periodo o la población residente en grandes áreas metropolitanas como Madrid o Barcelona (en un 9 % y un 5 %, respectivamente).
Igualmente señala que, con datos de AIREF, la valoración media de los usuarios de los servicios de Cercanías se sitúa en un 6,64 sobre 10, y es inferior a la de otros servicios de transporte de competencia estatal. Esta "reducida" valoración se basa en aspectos como la puntualidad, la seguridad, los tiempos de viaje o la accesibilidad.
MAS DE 9.300 MILLONES PARA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y CONECTADA
La inversión de este Componente 1 sumará 9.336 millones de euros, de los que 6.536 millones (9 % del Plan) procederán del mecanismo europeo de recuperación (los fondos Next (LON:NXT) Generation), a ejecutar entre 2020 y 2026, aunque las mayores cuantías son las de 2021 (2.396 millones), 2022 (4.233 millones) y 2023 (2.201 millones).
De los 6.536 millones, 2.916 millones se dedicarán a las zonas de bajas emisiones (para llegar a 100 áreas urbanas a finales de 2025); otros 2.000 millones a incentivos para la instalación puntos de recarga, compra de vehículos eléctricos y de pila de combustible, a la innovación en electromovilidad y recarga de hidrogeno verde y 1.620 millones a las actuaciones en Cercanías.
El plan destaca que el despliegue masivo de infraestructura de recarga es clave para el impulso del vehículo eléctrico y recuerda el objetivo de llegar a 250.000 coches de este tipo en 2023 (y entre 80.000 y 110.000 puntos de recarga) y a los cinco millones de 2030.
Este apartado incluye también la redacción y tramitación de la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte -que el Gobierno pretende aprobar en primer vuelta en este primer semestre- que recogerá asuntos relacionados con la fiscalidad, las inversiones, los combustibles alternativos, digitalización e innovación, y con la financiación del transporte en general y el público y urbano en particular.
En los entornos urbanos se busca desincentivar el uso del coche privado, apoyar el transporte activo (a pie o en bicicleta), mejorar el sistema de transporte público, aumentar la penetración de la movilidad eléctrica y apoyar la creación de zonas de bajas emisiones en ciudades de más de 50.000 habitantes (en los que vive más de la mitad de la población española) para que estén generalizadas a partir de 2023.
PAGO POR USO DE CARRETERAS EN 2024
El plan establece la posible articulación de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras estatales que podría implantarse a partir de 2024, sobre el principio "quien contamina paga", porque la red estatal (con 26.466 kilómetros es la más extensa de Europa) tiene unos costes de conservación crecientes que "no es posible" asumir con los presupuestos públicos.
El Gobierno espera "cierto rechazo inicial" a esta medida, por lo que buscará un acuerdo con los transportistas profesionales y hará una campaña con los particulares para concienciar sobre la necesidad de imponer estos peajes con unas tarifas "asumibles".
Al tiempo, establece que cada vez que se plantee una nueva infraestructura lineal (carretera o ferrocarril), se exigirá, al menos, un análisis preliminar de rentabilidad económico-social, que será seguido de otro con mayor profundidad sobre la rentabilidad de la obra..